Denuncia la CNDH que usan Oportunidades con fines político-electorales

El programa Oportunidades carece de un marco regulatorio adecuado, lo cual permite que la permanencia o baja de familias pobres ahí sea utilizada con fines político-electorales, denunció la CNDH.

“El carecer de procedimientos adecuados —de registro y sanción— puede llevar a la manipulación del programa y a la presión de sus beneficiarios con fines proselitistas”, señaló el organismo, tras realizar una investigación por la baja de un grupo de familias de la localidad de Buenavista, municipio de Cuyoalco, Puebla.

La indagatoria derivó en una recomendación en contra de la Sedesol y de su titular, Heriberto Félix Guerra.

En el caso, de manera paradójica las autoridades suspendieron el apoyo con el argumento de que estos empadronados habían usado Oportunidades con fines electorales, según el dicho de terceros. Sin embargo, jamás se investigó el asunto ni se recabaron pruebas; tampoco se respetó la audiencia previa y debido proceso, por lo cual, según la CNDH, se violaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, educación, salud, alimentación, trato digno, y mínimo vital por hechos relativos a la baja arbitraria del padrón.

La medida, indicó la Comisión, no se debió sólo a la negligencia de los funcionarios involucrados, sino en omisiones tanto en las reglas operativas y lineamientos del programa.





, que no establecen preceptos para evitar abusos a las familias, en especial las que se ven privadas de la ayuda:

“Se les deja en total estado de indefensión, pues no existe ningún parámetro para la toma de decisiones ni procedimiento que permita comprobar que el supuesto motivo de la baja no es imputable a los beneficiarios”.

En el asunto específico, a las familias afectadas ni siquiera se les explicó la causa de la baja, las consideraciones que llevaron a tenerla por corroborada y las pruebas obtenidas.

Supuestos testigos los acusaron de promover el voto a favor de un candidato —por cierto, incomodo al partido en el poder— al entregar material como cemento y fertilizante, y prometer a la gente que se darían despensas a cambio de un sufragio que garantizaría la construcción de una clínica en la localidad.

No obstante, la CNDH acusó a la Sedesol de ignorar el contexto de pobreza extrema en el que se encuentran las familias implicadas, la cual se multiplicó por los bienes jurídicos que les fueron suspendidos.

El actuar de la dependencia, afirmó, “inhibe el cumplimiento de la finalidad última del programa, que es la generación de oportunidades para que eventualmente las familias beneficiarias por sí mismas salgan de su situación de exclusión social y que ésta no sea heredada a las nuevas generaciones”.

Tras la primera parte de la investigación y al acreditar las violaciones, el área de atención ciudadana de la Dirección General de Operación de Oportunidades informó que las víctimas serían reactivadas, pero nunca se cumplió la promesa.

En las recomendaciones el ombudsman Raúl Plascencia solicitó a Félix Guerra reincorporar a la brevedad a las familias afectadas y repararles el daño, así como impulsar una adecuación normativa a las reglas de operación con el objetivo “de respetar los derechos de audiencia y debido proceso de beneficiarios que son privados de la ayuda”.


Daniel Blancas Madrigal, La Crónica, 15 de abril.

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