Diputados aprueban la reforma política; rechazan relección legislativa inmediata


La Cámara de Diputados aprobó ocho de las 11 reformas constitucionales en materia política que le devolvió el Senado. El pleno resolvió rechazar la propuesta senatorial de relección legislativa, veto presidencial y reconducción presupuestaria.
Asimismo, los diputados sólo avalaron la propuesta del Senado en materia de consulta popular y mantuvieron sin cambios ni adiciones siete de las 11 reformas constitucionales. También aprobaron la Ley Federal de Protección Civil y la Ley Federal para el Control del Tabaco.
Los legisladores dieron por bueno el acuerdo –que se remitirá a las legislaturas de los estados– en el terreno de las figuras de participación ciudadana, candidaturas independientes, consulta popular e iniciativa ciudadana.
En este último caso se avaló el umbral mínimo de porcentaje ciudadano para avalar la propuesta ciudadana, ubicándola en 0.13 por ciento de la lista nominal de electores.
En el ámbito de la consulta popular se aprobaron los umbrales propuestos por el Senado. Aquella instancia legislativa adicionó la minuta al establecer que al menos dos por ciento de convocantes de la lista nominal voten y 40 por ciento para que sus resultados sean vinculatorios. Esta práctica ciudadana deberá celebrarse el día de la jornada electoral.
Otro de los cambios relevantes fue la aceptación a escala constitucional de la iniciativa preferente del titular del Poder Ejecutivo. Así, se establece que el día de apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente o anunciar con ese carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen.
Se aprobó incluir en la ratificación de los titulares de los órganos reguladores del Estado por el Senado –sumándose al procurador general de la República– embajadores, cónsules generales, funcionarios superiores de Hacienda, integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.
También se aprobó eliminar la cláusula de gobernabilidad en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así, se mandata que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Asamblea Legislativa que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación total emitida.
Además, se dio trámite positivo a lo concerniente a la toma de protesta del Presidente de la República cuando no existan condiciones de hacerlo en el Palacio Legislativo de San Lázaro. El mandatario podrá tomar posesión ante las mesas directivas de las cámaras del Congreso de la Unión. Si no pudiere rendir la protesta ante éste, la Comisión Permanente o las mesas directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo hará de inmediato ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se aprobó que en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo, mientras el Congreso nombra al presidente interino o sustituto –lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 70 días–, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo.
Para Jaime Cárdenas Gracia (del PT), el dictamen es incompleto y no refleja las necesidades urgentes del país, porque en México, dijo, se requiere una reforma de Estado que implemente un sistema democrático auténtico y de derecho pleno.
También Porfirio Muñoz Ledo reprochó que mientras el Presidente de la República mantiene el derecho irrestricto de convocar a consulta popular para cualquier tema, para que la población lo haga se necesita que más de un millón de ciudadanos lo soliciten, por lo que se manifestó en contra.
El pleno también aprobó la nueva Ley de Protección Civil, para hacer frente a los desastres por heladas, sequías y lluvias atípicas por el cambio climático, y prevé mayores sanciones para funcionarios corruptos que omitan o reciban dádivas al pasar por alto las disposiciones en la materia, dijo el priísta Fernando Morales.
Roberto Garduño, La Jornada, 20 de abril.

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