Eliminando el 'el que no transa no avanza'

Comisiones de ciudadanos y expertos, voluntad política para combatirla; cuentas claras, auditorías y rendición de cuentas; mayores facultades y autonomía para los órganos encargados de combatirla; tribunales especializados y fiscales anticorrupción. Éstas son las armas de los tres candidatos en la guerra para erradicar un mal que corroe todas las esferas gubernamentales.

 
 
 
OCHO DE 12: CORRUPCIÓN
 
ENRIQUE PEÑA NIETO
 
¿En dónde se encuentran los peores casos de corrupción y qué hacer?

· Hay que hacer énfasis en tres áreas: la atención al público; las compras de gobierno y la realización de obra pública.

Por ello, uno de mis primeros tres compromisos, justo al inicio de la campaña, fue la creación la Comisión Nacional Anticorrupción.

Será una comisión autónoma, que a partir de las denuncias ciudadanas, podrá investigar cualquier irregularidad, en cualquier nivel de gobierno. No habrá excepciones para nadie.

 
¿Cómo aseguraría que quienes combatan la corrupción tengan facultades para perseguirla y castigarla?

· Creando instituciones autónomas que la combatan, así como con una firme y abierta determinación política de combatir frontalmente la corrupción.

Vamos a crear una Comisión Nacional Anticorrupción para que nadie desvíe recursos.

Vamos a crear un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas para que todos los niveles de gobierno asuman un compromiso con la honestidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Vamos a promover el uso de Testigos Sociales y de Comités de Vigilancia Ciudadana.

Además seguiremos promoviendo la transparencia y sus instituciones.

 
Actos de corrupción comprobados, funcionarios impunes y hasta premiados. ¿Cómo cambiar esto?

· Cuando se observa que entre 2001 y 2010 México cayó 47 posiciones en el "Índice de Percepción de la Corrupción", al descender del lugar 51 al 98 de una evaluación de 178 países, algo no está bien, algo no ha funcionado. (Transparencia Internacional)

Se requiere, por ello, implementar varias medidas. En primer lugar, hay que apoyar el servicio público profesional, a fin de que los servidores públicos que acrediten honestidad, capacidad y eficacia, continúen prestando sus servicios en la Administración Pública Federal. La permanencia en el servicio es un desincentivo para la comisión de actos de corrupción.

En segundo término, someter a los servidores públicos de nivel superior a una estricta fiscalización de su patrimonio, para evitar cualquier vínculo con el crimen organizado u otras fuentes de enriquecimiento ilícito. De hecho he propuesto que el Presidente y los altos funcionarios federales hagamos pública nuestra situación patrimonial cada año.

Tercero, articular un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas que integre y adecue los sistemas de cada uno de los poderes de gobierno y armonice el desempeño de las instituciones involucradas.

Cuarto, fortalecer a los órganos de fiscalización, tanto federales como estatales, para vigilar el uso y destino de los recursos.

Quinto, promover la generalización de códigos de ética para servidores públicos e impulsar la participación de los testigos sociales en compras gubernamentales relevantes.

Y sexto, asignar claramente responsabilidades en todos los niveles gubernamentales para que funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficientes sean relevados de su cargo.

 
Auditorías detectan malversación y nada pasa. ¿Cómo resolverlo?

· La corrupción sigue siendo un mal social en el que todos tenemos algo que hacer para combatirlo, empezando por el gobierno. Cuando a este mal sumamos el de la impunidad, tenemos una mezcla que a todos indigna.

Además del derroche en el gasto público de los últimos años, ha habido sonados casos de corrupción en los que no hay culpables. Es clara la ausencia de un compromiso firme para atrapar a estos personajes. Rendirles cuentas a los ciudadanos no es sólo explicar en qué y cómo se gasta su dinero, sino también castigar a quienes hacen mal uso de él.

 
¿Qué hacer?

Un Sistema Nacional de Fiscalización, para uniformar los criterios de transparencia y asegurar que los tres niveles de gobierno rindan cuentas. Estableceré un Comité Técnico con expertos de la sociedad para que construyan y le den seguimiento a los indicadores concretos para medir la transparencia y el combate a la corrupción.

Testigos Sociales, para que la sociedad esté segura que su dinero se invierte honradamente, los ciudadanos podrán participar como testigos sociales en las principales compras que haga el gobierno.

Una Comisión Nacional Anticorrupción, como organismo público autónomo que pueda supervisar a los tres niveles de gobierno. Todos los mexicanos que enfrenten un acto de corrupción podrán mandar un SMS con su teléfono, avisar vía twitter o llamar a la Comisión y ésta actuará de inmediato.

Cultura de la legalidad, estableciendo como obligatoria esta materia a nivel secundaria, en todas las escuelas públicas y privadas del país.

 
¿Qué propone para mejorar la rendición de cuentas de las esferas gubernamentales?

· Hacer pública la relación de bienes del Presidente de la República y de todos los mandos superiores del Gobierno Federal.

Establecer el Sistema Nacional de Fiscalización para uniformar los criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Además, como señalo más arriba, fortalecer a los órganos de fiscalización federales y estatales, promover la generalización de mejores prácticas, como el sistema electrónico de compras o la autonomía de las instituciones de transparencia y acceso a la información pública.

 
 
 
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
 
¿En dónde se encuentran los peores casos de corrupción y qué hacer?

· La corrupción lamentablemente está presente en los tres órdenes de Gobierno. Para hacerle frente a este problema, un mecanismo efectivo es que toda la información pública sea accesible bajo lineamientos que surjan de un grupo de expertos independientes, y de los usuarios y ciudadanos que requieren y exigen transparencia y control sobre los programas, resultados y presupuestos de la administración pública federal, estatal y municipal.

Es necesario dar acceso oportuno a la información de la gestión de gobierno, no sólo del ejercicio del presupuesto, sino de la ejecución de sus programas, de los resultados de sus acciones, de la supervisión y evaluación de éstas y de la medición de su impacto.

El derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas son un derecho absoluto de la sociedad mexicana, requisito para una verdadera democracia y una obligación del gobierno en todos sus órdenes. En este renglón:
I. Unificaré los sistemas de compras de gobierno por sector, lo cual además de generar importantes ahorros de recursos públicos, dará también mayor transparencia a los procesos de licitación y compra. Esto estará disponible en internet para que pueda ser consultado por los ciudadanos. Así los mexicanos sabrán exactamente cómo y en qué se gastan los recursos públicos.

II. Crearé el Consejo Nacional de Evaluación, que permitirá evolucionar hacia un presupuesto por resultados.

Para hacer frente a la corrupción es necesario garantizar la transparencia absoluta de la gestión pública. Estableceré la figura de un Fiscal Anticorrupción. Y crearé el Observatorio Ciudadano del Servicio Público, que se encargará de realizar una vigilancia externa e independiente para monitorear y denunciar a funcionarios públicos corruptos y vinculados con el crimen organizado y monitorear y vigilar la aplicación de los recursos públicos del gobierno.

 
¿Cómo aseguraría que quienes combatan la corrupción tengan facultades para perseguirla y castigarla?

· Pondré en marcha tres medidas concretas para asegurar el castigo a la corrupción: propugnaré por la creación del Sistema Nacional de Fiscalización con tribunales especializados que tengan capacidad de investigación, a fin de combatir con mayor eficacia la corrupción; estableceré la figura de un Fiscal Anticorrupción, para que persiga este delito y demos certeza a los ciudadanos de que ningún funcionario público es cómplice y recibe dinero o favores de los criminales; apoyaré, con estricto respeto a la autonomía de los jueces, la formación, profesionalización y certificación de los jueces de control, de oralidad y de ejecución de sentencias.

 
Actos de corrupción comprobados, funcionarios impunes y hasta premiados. ¿Cómo cambiar esto?

· No toleraré que quienes tienen la obligación de servir se coludan con los criminales, que los policías roben y secuestren, que los ministerios públicos reciban dinero para dejar sueltos a los criminales y les informen de quién los denunció. Por eso, promoveré la eliminación de fuero a diputados, senadores y funcionarios bajo investigación por narcotráfico, secuestro y crimen organizado; y propondré cadena perpetua a políticos y funcionarios públicos que sean cómplices del crimen organizado. El ideal de una sociedad segura no es llenar las cárceles con criminales, sino hacer posible una sociedad en la que no haya víctimas.

 
Auditorías detectan malversación y nada pasa. ¿Cómo resolverlo?

· Me comprometo a proponer las reformas necesarias al Congreso para fortalecer a los órganos estatales y federal de fiscalización. Asimismo, como ya lo señalé, impulsaré la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, con tribunales especializados que tengan capacidad de investigación, a fin de combatir con mayor eficacia la corrupción; y estableceré la figura de un Fiscal Anticorrupción.

 
¿Qué propone para mejorar la rendición de cuentas de las esferas gubernamentales?

· Estoy convencida de la necesidad de fortalecer las prácticas de rendición de cuentas y de fiscalizar el uso de los recursos. Por ejemplo, durante mi gestión en la SEDESOL viví en carne propia las limitaciones de los mecanismos para que los ciudadanos puedan saber puntualmente cómo se ejercieron los recursos federales transferidos a los estados.

En la actualidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejerce la facultad de auditar los fondos del presupuesto federal que se transfieren a las entidades federativas bajo principios de anualidad y posterioridad, lo cual constriñe su acción a la revisión de la Cuenta Pública emitida para un solo año fiscal y una vez que éste ha concluido. En los casos en los que encuentran anomalías en el ejercicio de los recursos federales transferidos, la ASF formula las observaciones a las dependencias federales responsables y a los gobiernos estatales y municipales, con la intervención de las auditorías y órganos de fiscalización estatales.

Sin embargo, es común la falta de independencia de los órganos estatales de fiscalización para realizar su trabajo, lo que a menudo se traduce en una operación sesgada a favor de intereses específicos y la impunidad de los responsables de anomalías graves en la ejecución de los programas. Se requiere, en consecuencia, blindar a las auditorías estatales a través del equilibrio que genera la diversidad de intereses de bancadas que conforman los poderes legislativos estatales y revisar los marcos normativos locales para que esas instancias puedan llevar a cabo una labor fiscalizadora eficaz y eficiente.

 
 
 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
 
¿En dónde se encuentran los peores casos de corrupción y qué hacer?

· Los peores casos de corrupción son los que se acuerdan y llevan a cabo desde lo más alto del gobierno. Tienen que ver, en especial, con la entrega, por consigna, de jugosos contratos a empresas nacionales y extranjeras. Contratos de miles de millones de dólares que siempre resultan un buen negocio para las empresas y los traficantes de influencias y un mal negocio para la nación.

Lo sucedido en los últimos años en materia de deshonestidad y corrupción no tiene comparación con otros periodos históricos en México. Los tecnócratas que nos han gobernado en los últimos 30 años convirtieron al gobierno en un comité al servicio de un puñado de funcionarios y especuladores. Esto ha dañado gravemente al país.

El tráfico de influencias es uno de los casos más importantes que debemos atender. Y esto involucra no solamente al sector público sino también al privado. Hay que combatir la delincuencia de cuello blanco y transparentar los principales contratos de obra pública y de adquisición de bienes y servicios, tanto de las principales empresas del Estado, PEMEX y CFE, como en la totalidad del gobierno.

Para combatir la corrupción se requiere no solo de comisiones intersecretariales o programas especiales, sino de voluntad política para enfrentarla desde un plan integral que comprometa a todo el gobierno. Predicaremos con el ejemplo, impulsando una moral social cimentada en valores solidarios, comunitarios y colectivos y una cultura ciudadana de responsabilidad y de respeto a las normas, basada en la buena actuación de los servidores públicos. Para ello, empezaremos por nombrar como titulares de las principales dependencias y entidades, a gente de probada honestidad, que barra con la corrupción de arriba hacia abajo, como se hace con las escaleras.

 
¿Cómo aseguraría que quienes combatan la corrupción tengan facultades para perseguirla y castigarla?

· La corrupción es un problema ético de carácter individual y social, pero también tiene sus causas en el sistema político e institucional actual. Daremos una batalla ética contra la deshonestidad y propondremos recomponer el tejido social a partir de un nuevo pacto social que involucre a todos. La corrupción crece cuando la democracia se reduce, por ello proponemos un rediseño institucional que asegure controles eficientes internos, rendición de cuentas y transparencia hacia fuera, y una participación activa y consciente de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Hay que fortalecer la autonomía de los órganos fiscalizadores, y a la vez, cubrir los huecos legales que impiden que las instancias carezcan de instrumentos para actuar y sancionar a los que cometen delitos en contra del patrimonio público.

La nueva Secretaría de la Honestidad y el Combate a la Corrupción, debe tener facultades para detectar y combatir los delitos de corrupción en materia de inteligencia financiera y patrimonial. Debemos lograr una coordinación interinstitucional entre las diferentes instancias que encabezan esta tarea, para lograr hacer eficiente el trabajo del gobierno, a partir de estrategias centralizadas que aprovechen las nuevas tecnologías disponibles.

 
Actos de corrupción comprobados, funcionarios impunes y hasta premiados. ¿Cómo cambiar esto?

· Necesitamos un gobierno que asegure un cambio profundo de carácter ético e institucional. La impunidad va del brazo de la corrupción, es ésta la que ha permitido que casos como el Fobaproa, los contratos de PEMEX que benefician a funcionarios públicos o a empresas extranjeras, el soborno y el cohecho sean una práctica común, a la vista de todos. Actualmente no hay voluntad en el gobierno de erradicarla.

La honestidad debe ser una prioridad en las políticas del Estado así como la lucha contra la impunidad. Promoveremos elevar a rango constitucional el manejo honesto de los recursos públicos y tipificar como delito grave la corrupción pública.

Apostamos por la construcción de un gobierno abierto y transparente. Para ello, impulsaremos la participación ciudadana en el monitoreo y vigilancia de la administración pública. Hay que fortalecer la queja y la denuncia ciudadana y construir instancias de contraloría social y comunitaria en cada municipio del país, para propiciar la transparencia y la rendición de cuentas, y con ello, combatir la impunidad.

Necesitamos fiscalías especializadas y áreas de inteligencia enfocadas a la lucha anticorrupción, así como la profesionalización de servidores públicos en estas materias. Caminaremos hacia la construcción de un verdadero Tribunal de Cuentas, independiente y autónomo que sea la última instancia para juzgar los delitos de corrupción.

 
Auditorías detectan malversación y nada pasa. ¿Cómo resolverlo?

· Las auditorías son un mecanismo para comprobar que los recursos públicos se utilizan bien, en función de las metas de los programas gubernamentales. Esta tarea que realizan tanto órganos de control interno, como de fiscalización externa, debe hacerse en forma eficiente y coordinada.

Sin embargo, debemos priorizar el fortalecimiento de la labor preventiva del gobierno, para que los órganos de control interno funcionen y evitar la malversación o desviación de fondos. Sobre todo, para lograr que se obtengan los resultados planteados. Para ello, el blindaje de los procesos, el análisis de las áreas críticas de la administración y el fijar reglas y controles para prevenir el buen uso de los recursos, son herramientas fundamentales.

Asimismo, daremos prioridad a la simplificación administrativa para limitar la discrecionalidad de los servidores públicos y hacer que el ciudadano cumpla de manera sencilla con sus obligaciones fiscales.

Avanzar en la construcción de una contabilidad gubernamental que permita el acceso de los ciudadanos a las bases de datos de la gestión y a los registros administrativos para evaluar el uso de los recursos (incluso en el momento mismo de la ejecución de obras y programas) y el cumplimiento de las metas gubernamentales, es el mejor antídoto para prevenir los delitos en contra del patrimonio colectivo.

 
¿Qué propone para mejorar la rendición de cuentas de las esferas gubernamentales?

· En primer lugar, hacer efectivo el derecho a la información. Dar cuenta del resultado de los programas y del uso de los recursos públicos a partir de Informes cuatrimestrales a la nación, que contengan el total de recursos disponibles, el uso y administración de los mismos y el cumplimiento de metas.

Hacer pública mi declaración patrimonial al principio, durante y al final de mi mandato, y giraré instrucciones para que lo mismo hagan los funcionarios de primer nivel del gobierno.

Daremos prioridad al cumplimiento de nuestras obligaciones derivadas de la firma y ratificación de los convenios internacionales ante la ONU, la OEA y la OCDE en ésta y otras materias relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha anticorrupción.

Promoveremos campañas de sensibilización e información a la población, para el conocimiento de los derechos ciudadanos y las obligaciones de los servidores públicos en la rendición de cuentas.

NOTA: Las respuestas de cada candidato se publican íntegras y tal como fueron entregadas a Grupo Reforma. El único requisito del ejercicio fue que la longitud de cada respuesta fuera de un máximo de 1,900 caracteres.


Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota y Andrés Manuel López Obrador, Reforma,21 de mayo.

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