Lamenta red ciudadana indefinición de candidatos sobre derechos humanos

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos dio a conocer ayer una carta pública en donde lamenta que ninguno de los candidatos presidenciales haya manifestado su compromiso con el respeto a las garantías individuales, ni haya dado a conocer sus propuestas en este ámbito, por lo que los exhortan a incluir el tema en el debate de este domingo.

En la misiva, la organización –que reúne a más de 70 colectivos de 21 entidades de la República– advirtió que en la actualidad México está enfrentando problemas estructuralesde derechos humanos que no han sido abordados por el gobierno de forma integral, y cuyo resultado es el aumento de la impunidad.

Ante un panorama nacional que sigue siendo dominado por las desapariciones forzadas, ejecucionesextrajudiciales, desplazamientos forzados, feminicidios, secuestros y asesinatos de migrantes, abusos de las fuerzas de seguridad pública y criminalización de la protesta social, los colectivos firmantes se dieron a la tarea de buscar las propuestas de los candidatos presidenciales en este sentido.

“Lamentablemente –enfatizaron–, no hemos encontrado en sus plataformas la expresión de un compromiso cabal e irrestricto con la promoción, el respeto, la protección, y la garantía de los derechos humanos emanados de la Constitución y de los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado”.

Por tal razón, llamaron a los aspirantes de todos los partidos políticos a que, en el contexto del debate del domingo 6 de mayo fijen su postura sobre diversos temas queconstituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los derechos humanos en México.

En el terreno de los derechos civiles, la justicia y la seguridad pública, enfatizaron la necesidad de eliminar el arraigo; garantizar el principio de presunción de inocencia; darle autonomía al ministerio público; investigar y sancionar todos los casos de violaciones a los derechos humanos del pasado; acotar el fuero castrense; retirar de forma progresiva a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, y dejar atrás la retórica de guerra que estigmatiza a las víctimas de la violencia y entiende las violaciones a derechos humanos como daños colaterales.

En el rubro de los derechos económicos, sociales y culturales, demandaron garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de salud y educación de calidad; superar esquemas asistencialistas, y promover la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

De igual forma, solicitaron diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno; respetar el derecho a la autonomía sindical; garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo servicios de aborto legal y seguro, y acceso a métodos anticonceptivos; implementar mecanismos contra el feminicidio, y asegurar el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a su libre determinación.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 5 de mayo.