Niega el IFE a particulares comprar spots

El IFE dio una respuesta negativa a los intelectuales que pretenden contratar tiempo en radio y televisión para difundir opiniones sobre temas políticos, pues advirtió que la ley prohíbe a particulares la compra-venta de espacios.

En un escrito dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jesús Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Luis de la Barreda, Jorge Fernández, Ángeles Mastretta, Sergio Sarmiento y Leo Zuckerman consultaron sobre la posibilidad de que el IFE suspenda la prohibición de comprar tiempo en radio y televisión, al argumentar que la reforma en materia de derechos humanos garantiza el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, el acuerdo aprobado por el Consejo General del IFE responde que la negociación comercial de espacios de radio y televisión no está reconocida como derecho fundamental ni en la Constitución ni en alguno de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

"No es jurídicamente viable que el principio pro persona pueda utilizarse para simular un aparente conflicto de principios", destaca.

El consejero Sergio García afirmó que no se impide, prohíbe o frustra la expresión de las ideas, sino sólo se reglamentan determinados actos de comercio.

"En el supuesto de que se tratara de la libertad de expresión, vale recordar que este derecho, como los demás del catálogo, no es un derecho absoluto; vale recordar que hay restricciones, llamadas relativas, en la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos", explicó.

Los consejeros indicaron el IFE no puede inaplicar la norma ni mucho menos declarar su inconstitucionalidad.

Los intelectuales argumentaron que las normas relativas a la prohibición de compra venta de espacios en radio y televisión quedan derogadas a partir de la entrada en vigor de la reforma al Artículo 1 de la Constitución.

El consejero Lorenzo Córdova consideró que el criterio de interpretación que se solicita al IFE implicaría una competencia que no tiene, la de desaplicar una norma constitucional.

El consejero Marco Antonio Baños votó en contra del proyecto tras considerar que al no haber sido turnado primero al Comité de Radio y Televisión, se violó el procedimiento.

"El procedimiento se ha vulnerado. No sé la razón por la cual se subió de manera directa al Consejo General y, debido a la inobservancia del procedimiento, no estoy en aptitud de apoyar el proyecto de acuerdo, y no me puedo pronunciar tampoco sobre el fondo del asunto", argumentó Baños.


Leslie Gómez, Reforma, 25 de mayo.