LONDRES.— La gran mayoría de los 12 milhomicidios cometidos en México en 2011por la violencia generada por el narcotráficonunca se han investigado, y también siguen impunes cientos de crímenes de mujeres y ataques a periodistas y activistas, denuncia el último informe de Amnistía Internacionaldivulgado ayer.
Esa organización defensora de derechos humanosacusa a los cárteles de las drogas de matar y secuestrar a miles el año pasado, aunque advierte de que en ocasiones han actuado “en colusión” con policías mexicanos u otros funcionarios.
En su Informe anual 2012, presentado en Londres, AI reseña que más de 12 mil personas murieron por la violencia entre grupos de narcotraficantes y contra las fuerzas de seguridad por el control de territorios, aunque destaca que “la gran mayoría de estos homicidios nunca se investigaron”.
Recuerda también que en 2011 fueron asesinados 40 soldados y 500 policías.
Además, Amnistía Internacional considera“generalizada” la violencia contra las mujeres en México, donde se denunció “un gran número” de homicidios y los responsables siguen eludiendo la justicia en la mayoría de los casos, dice.
La ONG señala que debido a la violencia al menos nueve periodistas murieron y decenas más sufrieron ataques e intimidación, y subraya que la “impunidad” fue “la norma en la mayoría de estos crímenes”, pese a que hay una fiscalía especial para esos delitos.
AI califica de inadecuadas las medidas adoptadas por las autoridades federales y estatales para prevenir y castigar los abusos de funcionarios de inmigración.
Sin embargo, destaca que se aprobaron leyes sobre refugiados y migración para mejorar la protección legal de los derechos de esas personas.
Por otra parte, AI critica que el gobierno mexicano no adoptara medidas efectivas para prevenir o investigar las“violaciones graves y generalizadas” de derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía.
Destaca que la justicia militar se encargó de casi todas las investigaciones de abusos contra derechos humanos cometidos por militares y que rechazó la mayoría de denuncias “sin una investigación efectiva”.
Respecto a la justicia penal, AI denuncia que la detención preventiva sin cargos (conocida como arraigo) durante 80 días se siguió utilizando en México de manera generalizada, lo que, a su juicio, “facilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba las garantías procesales”.
Resalta, por otra parte, la entrada en vigor de reformas legales que obligan a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar las normas internacionales de derechos humanos con categoría de constitucionales, y que refuerzan las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. (EFE)
El Universal, 24 de mayo.
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