La anulación que hizo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de tres medidas de la llamada ley Arizonaforma parte de la batalla electoral entre republicanos y demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre, y aunque se pudo detener una parte de la legislación, todavía quedó una puerta abierta para la persecución por motivos raciales contra los migrantes indocumentados, lamentaron especialistas en temas migratorios.
Leticia Calderón, académica del Instituto Mora, señaló que el freno a una parte de la Ley SB 1070, y al mismo tiempo la aprobación de otra que permite a las policías locales pedir documentos migratorios a quien considere necesario, está inscrita en la lucha por la Casa Blanca, pero puede generar una respuesta organizada de las asociaciones de migrantes.
El gobierno de Arizona es republicano y quiere reforzar a sus electores conservadores con una medida no tan radical ni tan policiaca, pero que sí genera un control muy fuerte, al mismo tiempo que el presidente Barack Obama quiso dirigir un mensaje a la parte más liberal de los demócratas, consideró.
Frente a este panorama es probable que las organizaciones de migrantes se vean obligadas a movilizarse, porque si bien muchos puntos de la ley Arizonafueron echados abajo por la Suprema Corte, los que quedaron vigentes de todas maneras constituyen una
afrentacontra los indocumentados.
El balance es muy malo para los migrantes, porque ni siquiera en un momento electoral, cuando se esperaría una propuesta más suave o más cuidada respecto del tema, los republicanos se pronunciaron así. No se aprobó el texto completo de la ley, pero sí se dejaron puertas abiertas a la persecución por motivos raciales, advirtió.
Nancy Pérez, directora de la organización Sin Fronteras, indicó que al dar facultades a la policía local en materia de migración, el gobierno de Arizona sigue promoviendo la criminalización de los trabajadores internacionales sin documentos, al mismo tiempo que crece la extorsión y la violencia en contra de ese sector.
La experiencia nos ha dejado ver que este tipo de iniciativas le abren la puerta a una mayor discriminación, porque se detiene a la gente por motivos de color, de raza. Es un retroceso para los derechos humanos, pero esto no sólo ocurre en Estados Unidos, sino también en México, y el país tiene una responsabilidad muy grande para que no siga pasando, dijo.
Fernando Camacho Servín, La Jornada, 27 de junio.
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