La aprobación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) del acuerdo para inhibir la compra y coacción del voto produjo descalificaciones entre PRI y PRD, así como críticas a la autoridad electoral, que al final incorporó la prohibición de las mareas partidistas en las casillas y la posibilidad de que el presidente de la mesa llame a la fuerza pública.
“Muchas veces las autoridades electorales hablan de un país que no existe y son felices en él. ‘La ley garantiza el respeto y que no haya fraude’. ¡Eso es una mentira gigante!”, lanzó el senador perredista Pablo Gómez al cuestionar los alcances del acuerdo sobre compra y coacción del voto.
La respuesta del priísta Sebastián Lerdo de Tejada fue igualmente estridente:
Otra vez escuchamos la teoría del complot del candidato fracasado que un día amanece amoroso y al siguiente advierte del fraude histórico.
La demanda perredista de restringir el uso de teléfonos celulares en las casillas para evitar prácticas fraudulentas mediante la toma de fotos del voto en la boleta –cuya discusión se turnó a comisiones– produjo la reacción de consejeros.
No tenemos base jurídica alguna para prohibir la portación de celulares o dispositivos semejantes, para prohibir fotografías o hacer registros de alguien en la privacidad de la casilla. Tampoco podemos hacer cacheos (revisiones corporales). Corremos el riesgo no solamente de colocar bajo sospecha a 80 millones de compatriotas, que ya es bastante grave; no tenemos tampoco el derecho de aplicar medidas que sean impracticables o antijurídicas, señaló Sergio García Ramírez.
A su vez, Marco Antonio Baños deploró las imputaciones perredistas:
Me parece sumamente grave que se hable de un fraude electoral. El IFE ha trabajado decisiones acompañado por los mismos que dicen (hablan) del fraude.
Su colega Lorenzo Córdova confrontó las presunciones perredistas del fraude por la compra y coacción del voto:
Desafortunadamente la desconfianza está instalada, parecería en el ADN de la política, de los políticos y de muchos ciudadanos. Hay más de 3 millones y medio de ciudadanos directamente involucrados en el presente proceso electoral: 2 millones de representantes de partidos políticos y un millón que van a fungir como funcionarios de casilla. Pretender que esos 3 millones están involucrados en una actitud fraudulenta y hay 76 millones de votantes impasibles, opacos y agachadosno es aceptable.
Sin embargo, el fuego cruzado fue entre los perredistas Pablo Gómez y Camerino Márquez, por un lado, y el priísta Lerdo de Tejada por el otro.
Pedimos una medida práctica: evitar cualquier medio electrónico, como ya se hizo en elecciones locales en Coahuila, Querétaro, Zacatecas, dijo Márquez quien posteriormente planteó la posibilidad de un exhorto para evitar estas prácticas.
¿Qué se plantea? Que no se usen las fotografías, de todas maneras la operación tamal se va a dar, lo único que se pide es que no se facilite. No estamos hablando de un partido que hace fraude de repente, sino de un sistema de defraudación histórico, señaló a su vez Gómez Álvarez.
La respuesta vino de Lerdo de Tejada:
Rechazamos afirmaciones frívolas: el PRI no necesita ni va a permitir un solo voto al margen de la ley, nos favorezcan o no. Esa es una actitud democrática, no estas actitudes plañideras. Si la frustración profundiza esa actitud bipolar del PRD, al insistir en el fraude, la autoridad tiene que ser categórica en el rechazo puntual.
El PAN, por su parte, se colocó en una postura intermedia. Su representante, Rogelio Carbajal, rechazó
categóricamenteanticipar un fraude, dijo confiar en la autoridad electoral, pero advirtió que
el IFE puede hacer mucho todavía para evitar la práctica de la compra del voto.
El acuerdo alcanzado sí prohíbe cualquier tipo de compra y coacción del voto a los ciudadanos, incluida la utilización de dispositivos electrónicos para concretar esta práctica, aunque finalmente no se prohibió el uso de los teléfonos celulares en las casillas.
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia, La Jornada, 22 de junio.
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