Desestima el IFE

El IFE desestimó las pruebas presentadas por la Coalición Movimiento Progresista sobre las presuntas irregularidades en la elección presidencial y afirmó que, con los elementos con los que se cuenta, no se comprueba la compra y coacción del voto.

Estas afirmaciones fueron incluidas en el llamado "informe circunstanciado", que el organismo electoral entregó al Trife como parte del expediente en el que Andrés Manuel López Obrador pidió declarar la invalidez de la elección presidencial.

En su documento, el Instituto que preside Leonardo Valdés señala que la sola existencia de las tarjetas Soriana y los monederos de Monex -presentados como prueba en el recurso de impugnación-, no revela que éstos fueran entregados para obtener el voto.

"No existe la certeza de que efectivamente las mismas hubieran sido recibidas por los medios que ellos refieren y su simple existencia no revela tampoco que su entrega haya sido condicionada, bajo qué supuesto y menos aún que contuviera dinero", indica el texto.

Agrega que, aunque las pesquisas por los casos Monex, Soriana y el presunto rebase de tope de gastos de campaña aún no concluye, no existe fundamento para que ello pudiera representar la nulidad de la elección.

"No ha sido comprobado y no puede hacer prueba plena que el otorgamiento de las tarjetas de 'beneficios' hayan sido con el objeto de presionar o coaccionar a los electores a emitir su voto a favor de determinada coalición y con ello se acredite la vulneración del derecho del voto libre", resalta el organismo.

El IFE incluso puntualiza que, en el supuesto caso de que las pruebas presentadas por la coalición comprobaran que se presionó al electorado, no necesariamente reflejan que ello determinara el resultado de la votación.

En ese sentido, el Instituto recuerda que la diferencia entre la votación registrada por el priista Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador es mayor a 3 millones de sufragios, lo que complica que se actualice un supuesto para anular los comicios.

El Instituto añade que se garantizó la libertad y secrecía del voto e incluso resalta que promovió diversas campañas para erradicar dichas prácticas.

Reitera que la investigación, persecución y castigo de esos ilícitos es responsabilidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).

El IFE reiteró que no ha sido omiso ante las quejas de los diferentes actores políticos y que incluso la unidad de fiscalización se encuentra en substanciación de los proyectos.


Leslie Gómez, Reforma, 19 de julio.