La izquierda impugnará cómputos en prácticamente todos los distritos


La coalición de partidos de izquierda (Movimiento Progresista) impugnará los cómputos en prácticamente la totalidad de los distritos electorales, con el propósito de lograr la anulación del mayor número posible de casillas.
Esta acción sería uno de los sustentos de la impugnación de la elección presidencial –por violación a los principios constitucionales– que se presentará mañana (jueves) por parte de la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador.
En el equipo jurídico que prepara el expediente de esta demanda se encuentran Ricardo Monreal, Jaime Cárdenas, Arturo Núñez –gobernador electo de Tabasco–, Jesús González Schmal, Camerino Eleazar Márquez, Silvano Garay, Martí Batres y Esthela Damián. También se dijo que participará Bernardo Bátiz, entre otros.
Mañana vence el plazo para presentar inconformidades
El plazo legal para interponer los juicios de inconformidad vence este jueves; toca a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolver los casos.
Si bien una de las causales de nulidad de la elección presidencial es acreditar irregularidades en por lo menos 25 por ciento de las casillas instaladas el primero de julio (35 mil 750 casillas), la estrategia de la coalición será impugnar en dos niveles: los cómputos en 299 distritos (sólo dejarán de impugnar uno de Veracruz, con sede en Xalapa, porque ahí no ganó ninguna casilla el PRI) y, como segundo bloque, concentrarán sus alegatos en la violación de principios constitucionales relacionados con el voto.
Los juicios de inconformidad en prácticamente todos los distritos también tienen como propósito acumular votos y elevar su nivel de espacios otorgados por la vía plurinominal, así como ser un antecedente clave para la impugnación de la presidencial.
De manera simultánea, el Movimiento Progresista amplió la denuncia por la presuntatriangulación de recursos públicos de Zacatecas para la compra del voto.
En el expediente, cuya copia tiene este diario, se acusa al gobernador de la entidad, Miguel Alonso Reyes (PRI), y a funcionarios estatales de cometer delitos electorales, peculado y los que resulten para favorecer las candidaturas a Presidente, senadores y diputados de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional.
Como parte de las pruebas entregaron un listado de cuentas en distintas instituciones bancarias a nombre de diversos servidores públicos, quienes habrían expedido cheques para el pago a proveedores de materiales, operadores políticos y actividades de proselitismo. Se incluyen números de cheques, montos de expedición y receptores.
También hay una relación debeneficiarios de materiales, con domicilios, cantidades entregadas y responsables de haberlas autorizado, lo mismo que una lista de dependencias estatales que habrían sido utilizadas para movilizar personal, recursos económicos y humanos.
En tanto, en el Partido Acción Nacional (PAN) la indicación es impugnar aquellos distritos en los que la diferencia entre el primero y segundo lugares sea de cinco puntos o menos. Bajo este criterio destaca el distrito 6 de Chihuahua, que perdieron con 0.22 por ciento (equivalente a 389 votos); el seis de Tamaulipas (Ciudad Mante), donde la diferencia con el PRI es de apenas 0.58, así como el uno de Coahuila (Piedras Negras), donde el blanquiazulobtuvo 55 mil 85 votos contra 57 mil 529 del tricolor, es decir, una diferencia de 1.6 por ciento. Respecto de la elección de senadores, el PAN impugnará Durango y Baja California, mientras que la izquierda hará lo propio con Durango.
Un alud de juicios deberá atender el tribunal electoral, en particular porque el PRI requiere del viraje en al menos un distrito para alcanzar, con el apoyo del Partido Nueva Alianza (Panal), las 251 curules para hacer mayoría simple en la Cámara de Diputados.
Si bien el PAN no impugnará la elección presidencial, se plantea echar toda la carne al asador, porque los cómputos distritales lo relegaron a la tercera fuerza en las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, en particular en San Lázaro, en donde tendrá sólo 114 curules.
La jornada comicial del primero de julio colocó al albiazul en su peor momento desde 1994, cuando tuvo 119 diputados.
Tres años antes, en 1991, también como oposición, alcanzó 89; para 1997, llegó a 121; en 2000, con el triunfo de Vicente Fox en la Presidencia, registró 213; tres años después, 151; en 2006, 206, y en 2009 obtuvo 143 curules.
Fabiola Martínez y Alma Muñoz, La Jornada, 11 de julio.

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