La Permanente condiciona ratificación del ACTA

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió al Ejecutivo federal que, antes de ratificar el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA), se establezca una reserva de México para que no sea aplicable en nuestro país el artículo 27 de dicho acuerdo, así como cualquier otra disposición  que pueda afectar derechos fundamentales.

El artículo 27 –redactado en 800 palabras— señala, entre otras cosas, que cada parte se asegurará de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo previsto en las Secciones 2 (Observancia Civil) y 4 (Observancia Penal), que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual que se lleven a cabo en el entorno digital, incluido recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Refiere que los procedimientos de observancia de cada parte se aplicarán a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos a través de redes digitales, las cuales podrán incluir el uso ilegal de medios de distribución masiva para efectos de la infracción. Estos procedimientos serán implementados de forma tal que eviten la creación de obstáculos para actividades legítimas, incluido el comercio electrónico, y, conforme a la legislación de cada una de las partes, preserven los principios fundamentales tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad

Señala que una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea, que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume fue utilizada para cometer una infracción.

El artículo también señala que cada parte otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos sabiéndolo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saberlo que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquier derecho de autor o derechos conexos; suprima o altere cualquier información electrónica sobre la gestión de Derechos; distribuya, importe para su distribución, transmita, comunique o ponga a disposición del público, ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

En el punto de acuerdo aprobado ayer por la Comisión Permanente, los legisladores establecieron citar a comparecer al secretario de Economía Bruno Ferrari, al Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que informen las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el ACTA, los términos en que lo firmó, así como el texto del mismo.

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza la firma por parte del Ejecutivo Federal del Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA), realizada por el Embajador de México en Japón, el pasado 11 de julio, en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica; se ignoraron las conclusiones aprobadas por el pleno del Senado de la República el 6 de septiembre de 2011, y porque se trata de un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional mexicano, trasgrediendo los derechos humanos contenidos en la propia Norma Fundamental y los derivados del ámbito internacional”, señala el punto de acuerdo.

Añade que “la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce la voluntad y el acuerdo entre naciones de preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y derechos de autor, pero considera que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales de libertad de expresión, de prensa y de información”.


Blanca Estela Botello, La Crónica, 26 de julio.