La Permanente exige a Chiapas no hostigar ni incriminar a activistas

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo propuesto por el senador Carlos Sotelo García para exigir al gobierno de Chiapas decretar las medidas necesarias para asegurar que las autoridades locales no manipulen el poder punitivo del estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar o incriminar a activistas sociales. 

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que su propuesta se debe a que a través de la utilización ilegal de los órganos de procuración y administración de justicia en aquella entidad se ha recrudecido cada vez más la persecución y criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Esa política de criminalización, agregó, “es en realidad una política de control social”, que emplea cada vez más de manera injusta los delitos tipificados en la legislación penal local para enfrentar la inconformidad.

Cada vez a más mujeres y hombres se les apresa sin existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan y su detención se relaciona directamente y de manera clara con su actividad de promover y procurar la protección y realización de derechos y las libertades fundamentales de campesinas y campesinos indígenas y de protección al medio ambiente en el estado de Chiapas.

Ante tal situación, en el punto de acuerdo también se exhorta al procurador de Justicia de Chiapas para revisar la situación jurídica de los detenidos Caralampio Gómez Hernández, Alberto Patishtán Gómez, Francisco Sántiz López y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, así como de 19 indígenas tzotziles originarios de las diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán recluidos en penales estatales y dos de ellos en las Islas Marías.

Otro caso de represión judicial de líderes sociales en Chiapas es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, sentenciado a 60 años de prisión, coacusado de la presunta emboscada y asesinato a policías del municipio de El Bosque, en Chiapas, México.

Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal.

Caso similar es el de Francisco Sántiz López, encarcelado  injustamente con acusaciones falsas de haber dirigido un enfrentamiento, ocurrido en la comunidad de Banavil del municipio de Tenejapa, en el que falleció una persona.

En este último caso, denunció el senador Carlos Sotelo, se fabricó un delito contra Francisco Sántiz cuya finalidad es destruir la resistencia de las comunidades zapatistas, quienes tratan de impedir a toda costa la construcción de la autonomía de los pueblos originarios “y es parte del plan contra las comunidades en resistencia”, explicó.


Cecilia Higuera, La Crónica, 9 de julio.

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