Pinta su raya réferi electoral

El Instituto Federal Electoral (IFE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) pusieron ayer sus límites a una posible investigación por compra y coacción del voto durante las pasadas elecciones presidenciales.

Leonardo Valdés, a nombre de los nueve consejeros, argumentó que el instituto electoral carece de atribuciones para sancionar esos ilícitos y destacó que los castigos son competencia estricta de la FEPADE.

En tanto, Imelda Calvillo, titular de la fiscalía electoral, aseguró que hasta ayer no contaba con testimonios que le permitieran acreditar que hubo compra de votos en favor de algún candidato o partido político.

En un mensaje público leído por el presidente consejero, el Consejo General del organismo garantizó que las investigaciones relacionadas con la fiscalización de los recursos de los partidos se llevan a cabo con apego a la ley. No obstante, insistió, quien debe resolver los delitos electorales es la fiscalía especializada.

"Es importante aclarar que la competencia plena y las atribuciones del IFE en materia de origen y aplicación de recursos se ubican en los temas del control, vigilancia y fiscalización de los partidos y sus campañas.

"Es en ese campo y en la investigación de los procedimientos ordinarios sancionadores iniciados con motivo de actos de los distintos sujetos regulados, que pudieran implicar una presión o coacción del voto, donde el IFE realiza las indagatorias necesarias para emitir una resolución. Contrario a lo anterior, el IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal, mismos que son competencia plena de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales", destacó Valdés en su pronunciamiento.

Mientras tanto, en una reu-nión con medios de comunicación, la titular de la FEPADE, Imelda Calvillo, dijo que ese órgano no contaba hasta ayer con testimonios de quienes aceptaron vender su voto a cambio de un pago, recompensa o dádiva, lo que, aseguró, es requisito indispensable que debe tener el Ministerio Público antes de poder consignar el expediente ante un juez.

"Podemos tener las documentales, las periciales, pero tenemos que acreditar todos los elementos necesarios que establece esta conducta delictiva. No podemos decir: 'Lo más seguro es que pasó así o lo más seguro es que pudo haber pasado de esta otra manera'. Por eso son muy importantes los testimonios directos.

"Es difícil, lo sabemos, que tengamos a estas personas declarando ante el Ministerio Público y que reconozcan que ellos comprometieron su voto", admitió.

Calvillo indicó que, en el caso de la presunta compra de votos mediante el uso de tarjetas de la tienda Soriana, la FEPADE inició la averiguación previa de oficio, pues la Coalición Movimiento Progresista, que públicamente ha responsabilizado al PRI por estos hechos, no ha presentado denuncia ante el Ministerio Público.


Leslie Gómez y Rolando Herrera, Reforma, 12 de julio.

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