Abren 130 indagatorias, pero nadie fue consignado
Pese a que Amnistía Internacional (AI) alertó esta semana sobre el incremento del delito de tortura en un 400 por ciento durante el sexenio de Felipe Calderón, en los últimos tres años ningún funcionario público, civil o militar, ha sido sentenciado por esa falta.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia Militar -que concentra los casos delictivos cometidos por elementos del Ejército o la Marina- no reportan sentencias por ese delito en el periodo mencionado.
En un documento fechado el 27 de agosto, la PGR reportó que del 1 de enero de 2006 al 31 de mayo pasado, ha iniciado 130 averiguaciones previas por tortura, de las cuales 6 han sido consignadas, en 21 no se aplicó el ejercicio de la acción penal, 7 fueron reservadas y 34 se mantienen en trámite.
Entre 2006 y 2009, sólo en dos casos se obtuvo una sentencia por parte del Poder Judicial en el sureste del País, pero no se detallan esos asuntos.
Fuentes ministeriales aseguraron que existe un mayor número de averiguaciones previas por otros delitos en donde figura la tortura, pero al no estar desagregada, se inician, por ejemplo, por abuso de autoridad, lesiones, homicidio y violaciones graves.
En una respuesta a una solicitud de transparencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoce que, de 2002 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 142 recomendaciones por tortura y que 52 militares acreditaron actos por ese delito, sin embargo ninguno de ellos fue sentenciado.
La Policía Federal informó, en una respuesta de transparencia en julio pasado, que durante el sexenio 25 elementos de esa corporación estuvieron involucrados en hechos de tortura.
Entre 2010 y 2011, la Marina registra 612 expedientes promovidos por la CNDH, pero engloba hechos como desaparición forzada, lesiones, maltrato, detención ilegal privación ilegal de la libertad, homicidio, amenazas, tortura y abuso de autoridad.
Fallan leyes
La PGR ha insistido a los estados homologar el delito de tortura debido a que su protección es limitada al no estar especificada en un tipo penal cerrado y aplicarse junto con otros delitos.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura no es la única que sanciona la tortura, pues el Código Penal Federal también contempla ese delito, pero bajo el título de abuso de autoridad y delitos que cometen los servidores públicos cuando obligan a un imputado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura; de ese modo, se genera una doble tipificación.
El artículo 225 fracción XII, del Código Penal, no establece ninguna sanción por tortura, razón por la cual se ha sugerido la eliminación de esa fracción.
La PGR plantea, en una ley homologada con los estados, castigar con seis meses a cinco años de prisión, o la destitución o inhabilitación de seis meses a 10 años a los servidores públicos que cometan tortura.
Las dependencias han insistido en que se han incrementado los cursos, talleres y conferencias en materia de derechos humanos para evitar estos hechos.
Crimen impune
De acuerdo con la PGR, éstas son las averiguaciones previas iniciadas por los delitos de tortura:
| 2006 | 26 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 18 |
| 2009 | 12 |
| 2010 | 18 |
| 2011 | 29 |
| 2012 | 20* |
*Entre el 1 de enero y el 31 mayo
Benito Jiménez, Reforma, 24 de octubre.
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