Dejan reforma sin aplicar

El Presidente Enrique Peña Nieto busca una revolución en el sistema de responsabilidades de los servidores públicos mediante la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) mediante una reforma a la Constitución.

Sin embargo, la reforma más reciente a la Carta Magna en la materia nunca se pudo aplicar y pasó prácticamente desapercibida.

El 30 de noviembre de 2006, en su último día como Presidente, Vicente Fox firmó el decreto que agregó una fracción al artículo 73 de la Constitución por el cual se puso en manos de los tribunales contencioso-administrativos la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos.

Desde el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, a finales de 1982, la facultad había estado en manos de la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP) y el objetivo de la reforma era que la dependencia dejara de ser juez y parte.

La idea era que los órganos internos de control, dependientes de la SFP, realizaran sólo las investigaciones y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), un órgano contencioso que no pertenece al Poder Judicial ni al
Ejecutivo, aplicara las sanciones.

Pasó todo el sexenio de Felipe Calderón y la reforma nunca se pudo aplicar, Ahora Peña Nieto propone derogar la parte de la fracción 39-H del artículo 73 constitucional que ha sido ley muerta desde su publicación.

En 2007, el TFJFA recibió de la SFP el edificio ubicado en Río Mississippi 49 en la colonia Cuauhtémoc para instalar seis salas especializadas en sanciones a servidores públicos, e incluso dedicó recursos para una remodelación integral.

En su informe anual de ese año, el entonces presidente del TFJFA, Luis Malpica, advirtió ante el Presidente Calderón que se requerirían al menos 98 millones de pesos en 2008 para la operación de las nuevas salas. Luego de la petición, el tema quedó en el olvido.

Agobiado por la multiplicación de facultades para conocer de todo tipo de litigios, el TFJFA se mostró renuente en los años subsecuentes para asumir la responsabilidad de imponer las sanciones. El Congreso, por su parte, nunca reformó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para aterrizar la reforma a la Carta Magna.

Víctor Fuentes, Reforma, 9 de diciembre.