Inician medidas de protección de activistas

A menos de un mes de la entrada en operación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 16 personas han solicitado ya su auxilio, reportó ayer Lía Limón García.

Durante un foro organizado por las Brigadas Internacionales de Paz (PIB, por sus siglas en inglés), la nueva subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló, sin revelar nombres, que se trata de 14 defensores y dos periodistas.

"De estas solicitudes, en seis casos se han otorgado medidas urgentes de protección, entre las que se incluyen asignación de escoltas, equipos celulares y la instalación de botones de pánico", señaló.

Publicada este año, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que el mecanismo tiene como objeto definir y adoptar medidas preventivas y medidas urgentes de protección "que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo".

Limón García señaló que el mecanismo enfrenta varios retos para su adecuado funcionamiento, entre ellos la necesidad de dotarlo de recursos, fortalecer la atención especializada y multidisciplinaria de las áreas que lo conforman, elaborar manuales operativos, capacitar al personal y sensibilizar a los impartidores de justicia sobre la urgencia de castigar a los agresores.

Informó que actualmente se trabaja en la creación de un fideicomiso, con un fondo inicial de 41 millones de pesos, para la implementación y operación de medidas de protección.

Frente a diversas organizaciones sociales que le reclamaron el crecimiento de abusos al amparo de la participación de las autoridades en los delitos o la inacción para castigarlos, la funcionaria reconoció que en algunas de las agresiones si están vinculados servidores públicos.

De acuerdo con informes de organizaciones internacionales, de 2000 a 2010 un total de 66 periodistas fueron asesinados en México y otros 12 permanecen desaparecidos, en tanto que tan sólo en 2011 se registraron al menos 209 casos de violaciones a derechos humanos de personas defensoras.

Los estados de la República de mayor riesgo para ejercer tales actividades son Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua.

"La nueva administración reconoce que los defensores de derechos humanos y periodistas sufren amenazas no sólo por parte del crimen organizado sino también por otros actores entre los cuales en algunos casos pueden encontrarse agentes del Estado", señaló la subsecretaria.

"Las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas juegan un papel fundamental en la construcción de un estado democrático de derecho. Todas las autoridades del Estado tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos a favor de todos los grupos, en especial aquellos que se encuentran en vulnerabilidad", agregó.

 
 
 
Resguardo
 
La ley en la materia establece que las medidas de protección de defensores de los derechos humanos y periodistas:
 
··Deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas.

··Incluirán entrega de equipo celular, radio o telefonía satelital; instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas de seguridad en las instalaciones de un grupo o casa de una persona; chalecos antibalas; detector de metales; autos blindados y las demás que se requieran.

··En casos casos urgentes, incluirán también evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protección de inmuebles y las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.

Henia Prado, Reforma, 12 de diciembre.