Anuncia la disidencia magisterial ‘‘miles de amparos’’ en contra de la reforma

Luego de la promulgación de la reforma constitucional en materia educativa, realizada por el presidente Enrique Peña Nieto, la disidencia magisterial se declaró lista para ‘‘detener esta agresión’’, para lo cual interpondrá ‘‘miles de amparos’’, vía a la que recurrirán no sólo los maestros, sino también los padres de familia.
El comité ejecutivo nacional democrático (CEND) del sindicato magisterial, encabezado por Artemio Ortiz Hurtado, advirtió que la afectación de esta modificación a los artículos 3 y 73 de la Carta Magna ‘‘abarca a todas las generaciones actuales y también a las venideras’’.
Por ello, añadió, es necesario entender que la educación es la garantía principal de nuestra soberanía e independencia, la salvaguarda de la memoria y de la voluntad colectiva y la expresión de la identidad nacional.
También arremetió contra la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, al sostener que ella ‘‘negoció’’ este proyecto a cambio de la ‘‘impunidad’’ en sus más de 23 años al frente de esa organización.
La complicidad de la lideresa consiste en ‘‘permitir toda la agresión a la gratuidad de la enseñanza, a los contenidos curriculares, a los derechos de los trabajadores, a la plaza y al escalafón’’.
Así, el dirigente expresó que la enseñanza, como el petróleo, la electricidad, el campo y los derechos laborales están en riesgo. Y, ante ello ratificó que interpondrán dos tipos de amparo: uno estará sustentado en la afectación a los derechos laborales y humanos, y el otro será en contra de quienes promovieron y ejecutaron estas modificaciones, con la ‘‘violación flagrante’’ de una serie de acuerdos.
Así, los padres de familia se ampararán contra las cuotas educativas y los profesores contra la afectación laboral en lo que se refiere al ingreso, promoción y permanencia en el servicio docente.
Añadió que esta modificación, junto con la reforma laboral y otras que están por venir, forman parte de un ‘‘modelo de ajustes estructurales para favorecer a los grandes grupos oligárquicos con la sumisión de los legisladores, los partidos políticos y el propio gobierno’’.

Karina Avilés, La Jornada, 26 de febrero.