Buscan agilizar en su operación Ley de Víctimas

La propuesta de modificaciones a la Ley General de Víctimas entregada por organizaciones civiles al Senado y retomada como iniciativa de reformas por las fracciones del PRI, PRD y PT plantea definir de manera más clara a los sujetos de reparación de daño y hacer más eficiente la operación de la nueva normatividad.

El paquete propone introducir una distinción entre víctima de delito y víctima de violación de los derechos humanos.

El artículo 65 de la iniciativa señala además que las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas en los términos y montos que determine la resolución de un órgano jurisdiccional o un organismo público de protección de los derechos humanos, nacional o internacional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas.

En tanto, en los artículos 66 al 72 se precisan los delitos en los que el Estado privilegiará la reparación económica en caso de que el responsable se encuentre sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad.

"La Federación y las entidades federativas compensarán de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y mental como consecuencia del delito", apunta el artículo 68.

Las modificaciones al Título Sexto de la ley, por otra parte, están encaminadas a reducir el aparato burocrático del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se reducirá a sólo 30 integrantes.

La iniciativa establece que la Cámara de Diputados deberá destinar cada año 0.014 por ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos.

Se estima que el dinero podría ascender a 500 millones de pesos. Asimismo establece el mecanismo para que el Estado recupere el dinero del pago subsidiario en caso de que el responsable del delito aparezca.

"Se hizo una Ley que contiene mayor viabilidad para su implementación. La ley ya funcionaba pero tenía una serie de mecanismos que imposibilitaban un funcionamiento más ágil, más fluido", indicó Eliana García simpatizante del Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad.

Silvano Cantú, coautor de la Ley General de Víctimas promovida por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, consideró que la obligatoriedad de que el Estado resarza económicamente a las víctimas de delitos en casos específicos es una medida encaminada a abatir la impunidad.

"El incentivo que le pones es que ahora sí investigue, persiga y profesionalice a los servidores públicos porque la impunidad va a costar. Hoy al Estado no le cuesta nada. Hoy el 98.5 por ciento o más de los delitos quedan impunes y no cuesta nada", sostuvo.

La normatividad puntualiza que en situaciones de violación a derechos humanos el Estado, como responsable del daño, pagará indemnizaciones a los afectados.

 
 
Desagravio
 
La propuesta de organizaciones civiles y avalada por PRI, PRD y PT en el Senado establece que la reparación del daño a víctimas se financiará con:
 
· Los recursos previstos expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismo que no podrán utilizarse para otro fin.

· El producto de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales.

· Las reparaciones de daño no reclamadas por las víctimas.

· Las aportaciones altruistas de personas físicas o morales nacionales o extranjeras.

· Los rendimientos de los fondos creados par la reparación del daño.

Henia Prado, Reforma, 21 de febrero.