Exhiben mal trato de Províctima

Mas que ser una instancia de ayuda a familiares de personas desaparecidas, la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) se caracteriza por el incumplimiento de sus promesas, la obstaculización de la justicia y hasta por el maltrato que da a los agraviados, exhibió Human Right Watch (HRW).

En el informe "Los desaparecidos de México. El persistente costo de una crisis ignorada", el organismo internacional documentó la experiencia de usuarios que acudieron a la Procuraduría para solicitar ayuda en la localización de su familiar y obtener la reparación del daño.

"Las más de 30 familias que sí habían acudido a Províctima en busca de asistencia coincidieron en que los funcionarios de esa entidad no cumplieron promesas concretas que habían realizado a las familias como proporcionarles asistencia médica y otorgarles pequeños subsidios comerciales", resalta el documento.

"Además, en varios casos, el tratamiento psicológico que Províctima ofrecía exacerbaba el sufrimiento emocional de las familias, ya que se las presionaba para que aceptaran que las personas desaparecidas habían muerto y se les aconsejaba que renunciaran a la búsqueda", agrega.

En uno de los casos, detalla HRW, familiares de 22 hombres desaparecidos en marzo de 2011 de la comunidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, refirieron que en las reuniones con representantes de la Procuraduría se culpó a las víctimas de lo ocurrido e insultaron a las familias.

Expone que una psicóloga les dijo a los familiares que los desaparecidos probablemente se habían unido a alguna banda delictiva o armado una nueva banda y les recomendó aceptar la muerte de sus seres queridos, aun cuando no se habían encontrado sus restos.

"Cuando, en una reunión posterior, las esposas y madres de los desaparecidos expresaron su frustración por la falta de oportunidades laborales y subsidios, el funcionario de Províctima acusó a los familiares de ser demasiado holgazanes y esperar a que el Gobierno hiciera todo por ellos", expone la organización internacional.

María Ángela Juárez Ramírez, una de las esposas afectadas, relató a HRW que a lo largo de los meses de mantener contacto con personal de Províctima uno de los servidores públicos se dio cuenta que estaba embarazada.

"El funcionario comentó que parecía que la esposa había conseguido rápidamente una nueva pareja después de la desaparición de su marido. La mujer respondió que estaba embarazada antes de que desapareciera su esposo y que, igualmente, era ofensivo e impropio de un funcionario juzgarla de esa manera".

Pablo Bocanegra López, padre de un joven de 19 años, quien junto con otros siete amigos desapareció en diciembre de 2010 durante una excursión, acudió a Províctima con el fin de recibir tratamiento psicológico para afrontar la ausencia de su hijo.

"Los funcionarios intentaron convencerlo de que aceptara que su hijo había muerto y 'se concentrara en cambio en los hijos que aún estaban vivos', un enfoque que era incompatible con su intención de continuar buscando a su hijo desaparecido", relata el informe de HRW.


Henia Prado, Reforma, 22 de febrero.

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