Exigen al gobierno diseñar plan para encontrar a desaparecidos

Aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto no sea responsable de las miles de desapariciones forzadas cometidas durante el sexenio pasado, podría abonar a la impunidad si no diseña un plan para encontrar a las víctimas y castigar a los culpables, indicaron los participantes en una mesa de análisis sobre el informe Los desaparecidos de México; el persistente costo de una crisis ignorada, de la organización Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de dicho colectivo, saludó que el gobierno federal tenga mejor disposición que el anterior para abordar el tema y haya anunciado que presentará una base de datos completa sobre las desapariciones forzadas, pero advirtió que el acceso de las víctimas a la justicia y la verdad es impostergable.
“El problema no se resuelve diciendo que son 27 mil los desaparecidos o 25 mil (...) Si no hay voluntad política, no habrá sanciones. El tiempo es oro y hay que actuar hoy para exigir al nuevo gobierno que tenga un plan de trabajo para atender esta crisis humanitaria de proporciones nunca vistas”, aseveró.
Se le preguntó sobre la posibilidad de que la estrategia de Peña Nieto de mantener a las fuerzas armadas en las calles siga provocando violaciones a los derechos humanos. Vivanco respondió que la actual administración lleva sólo 80 días; por tanto, aún están por verse los efectos de sus decisiones, aunque enfatizó que su responsabilidad es no ser omisa ante los delitos cometidos en el sexenio pasado.
Deploró que Calderón siempre haya negado “con arrogancia incalificable” el hecho documentado de que los integrantes de las fuerzas de seguridad fueron responsables de desapariciones forzadas o ayudaron al crimen organizado a cometerlas.
Manifestó su indignación por los comentarios de un articulista de un medio impreso, publicados ayer, que ponen en duda la rigurosidad del informe de HRW. “Es una columna escandalosa que se burla de un problema de la mayor seriedad, y una falta de respeto y de humanidad que debemos rechazar.”
Blanca Martínez, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, coincidió en que si bien la actual Presidencia no es responsable por los miles de casos de desaparición, sí colaboraría a extender la impunidad si no garantiza a las víctimas y sus familiares el acceso a la justicia.
Respecto a la lista de víctimas de desaparición forzada que el gobierno de Peña Nieto elaborará, la activista consideró que “si no hay un plan, los datos no sirven de nada. Hay que saber a quién se busca y dónde. No son nombres en una base de datos, sino un corazón sangrante y una lucha desesperada para encontrarlos”.
Consuelo Morales, directora del colectivo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, resaltó que ha documentado la existencia de mil 54 víctimas de desaparición forzada en Nuevo Léon de 2009 a la fecha –en 221 ataques–, pero advirtió que la cifra es mucho mayor, pues muchos familiares no denuncian por miedo o amenazas de las propias autoridades.
A pesar de la falta de sensibilidad de la mayoría de los funcionarios, añadió, en Nuevo León se han conseguido avances importantes –incluida la consignación de 40 personas– mediante un esquema de cooperación entre las familias de las víctimas y el gobierno. “No hemos terminado con estos crímenes, pero vemos que el diálogo es una herramienta poderosa”, apuntó.
En la mesa de análisis también estuvieron presentes Luz María Durán, quien busca a su hijo Israel Arenas, desaparecido junto con tres compañeros de trabajo en Monterrey tras ser detenidos por policías de Ciudad Juárez en junio de 2011, y Arturo Rojo, padre de Vicente Rojo Martínez, desaparecido el 21 de marzo de 2009 en Piedras Negras, Coahuila.

Fernando Camacho Servín, La Jornada, 23 de febrero.