IFE reprobó el dictamen sobre multas a partidos


En votación dividida de 5 votos a favor y tres en contra, el Consejo General del IFE aprobó regresar a la Unidad de Fiscalización el dictamen sobre el gasto de la campaña presidencial por falta de certeza en el prorrateo (distribución de los gastos) y revisarlo previsiblemente en julio próximo, junto con los informes de diputados y senadores, lo que representó un relativo triunfo para la coalición Movimiento Progresista que abanderó a Andrés Manuel López Obrador, a la que se perfila una multa de 129 millones de pesos al rebasar tope de campaña por más de 62.7 millones de pesos.

Y es que si bien la devolución de ese dictamen establece la obligación a la Unidad de Fiscalización de revisar y motivar la figura de “campaña beneficiada”, que se utilizó para prorratear los gastos de los candidatos presidenciales, ello no implica que se modifiquen las sumas asignadas en la fiscalización presidencial  ni las multas que se plantean  a los partidos y coaliciones, sobre todo a los partidos de izquierda, que —según el documento— rebasó el tope de campaña.

Asimismo y tras cinco horas de discusión, el IFE aprobó la propuesta del representante del Poder Legislativo, Javier Corral, para que se inicie un procedimiento oficioso a la empresa Koleos y al PRI por el caso Monex, al considerar que hubo una relación comercial entre el tricolor y esa empresa

Después de una discusión de más de cinco horas, el IFE rechazó modificar los criterios de prorrateo,  es decir, la distribución de los gastos en las tres campañas, con lo cual se mantendrá el mismo rasero para fiscalizar de manera diferenciada los gastos de la campaña presidencial, a pesar de que el  PRD acusaba  inequidad en ello.

Los representante del sol azteca, PT y MC, respaldados por los consejeros Alfredo Figueroa y Benito Naciff, presionaban para que el IFE modificara las reglas de prorrateo al considerar que se requería un solo tope para fiscalizar los gastos de las campañas presidenciales y eliminar el criterio diferenciado que asumió cada partido o coalición.

Sin embargo, la mayoría de los consejeros rechazó esa propuesta al explicar que fueron los propios partidos los que con base en el artículo 177 del reglamento de fiscalización determinaron la manera y los montos en que distribuirían los gastos de sus campañas.

La Unidad de Fiscalización estableció que el PRI pidió que el gasto en propaganda y realización de eventos que realizó en beneficio de sus candidatos fuera uno por ciento para su candidato  presidencial, 49.5 a diputados y 49.5 a senadores.

En tanto que el PRD, PT y Movimiento Ciudadano decidió 34.17 por ciento a su candidato a Presidente, 34.17 a diputados y 31.67 a senadores.

“Aprendieron a dividir, pero no a sumar, es correcto reconocer que les falló su área financiera y ahora quieren mediante presiones que el IFE les subsane sus errores”, punzó el PRI a través de su representante ante el IFE, José Antonio Hernández Fraguas

“Tendrán que pagar los excesos de quienes los utilizó como trampolín para luego hacer su propio partido”, secundó  la representante del PVEM ante el IFE, Sara Castellanos.

La balanza para que se devolviera el dictamen se inclinó luego de que el consejero Sergio García Ramírez formalizó su renuncia al cargo, lo que dejó en desventaja al grupo de consejeros que empujaba porque se aprobara ayer mismo este dictamen de la Unidad de Fiscalización.

Ojalá no sea “una tomadura de pelo”: Zambrano

La dirigencia nacional del PRD calificó como “responsables” a los consejeros del IFE luego de que devolvieron a la Unidad de Fiscalización el dictamen de los gastos de campaña presidencial para que revisen algunos criterios de la distribución de los gastos, pero advirtió que se mantendrán atentos para vigilar que no haya sido “una tomadura de pelo” y que en julio salgan con el mismo proyecto que establece una multa de 129 millones de pesos a la izquierda, luego de que Andrés Manuel López Obrador rebasó el tope de campaña en 62.7 millones de pesos.

Por ello, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, recordó de nueva cuenta que los consejeros electorales pueden ser sujetos de juicio político “si hay causas que lo ameriten”, por lo cual sentenció que “como en el beisbol, aún no cae el último out”.

“Les dijimos que no se les olvidara que de acuerdo con la Constitución son sujetos de responsabilidad política y por lo tanto también sujetos de juicio político si hay causas que lo ameriten, y dijimos que nos esperaríamos a conocer cuál iba a ser su comportamiento para tomar alguna decisión”, estableció.

Asimismo, Zambrano no descartó la posibilidad de hablarle por teléfono a Andrés Manuel López Obrador para celebrar el fallo del IFE.

“No lo he pensado, a lo mejor sí”, aseveró.

Zambrano también manifestó su preocupación por la posición que ha adoptado el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita —quien votó a favor de que se validara ese dictamen—, y consideró que “tercamente” sigue en la “perspectiva o convicción de hacer daño a uno de los principales partidos de México y el principal partido de izquierda, que es el PRD”.

“Me parece que es quien más debería velar por cuidar el contenido de las decisiones del IFE y ser quien menos lastime el proceso democrático y de democratización de nuestro país”, reprochó.

Valdés Zurita: los partidos no reportaron $126.8 millones

Al arrancar la discusión sobre el dictamen de los gastos de campaña del 2012, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, acusó que la Unidad de Fiscalización (UF) detectó 126.8 millones de pesos que los partidos no reportaron en sus gastos de sus respectivas campaña, pero que fueron acreditados por la autoridad electoral, siendo el PRI-PVEM la que más incurrió en esa medida con 85.7 millones de pesos.

La otra coalición que más recursos omitió reportar al IFE fue la del Movimiento Progresista (PRD, PT y MC) que abanderó a Andrés Manuel López Obrador con 28.3 millones, pero que fueron acreditados por la Unidad de Fiscalización, mientras que al  PAN se le detectaron 11.3 millones de pesos que no reportó y a Nueva Alianza, 1.5 millones de pesos.

Valdés Zurita detalló que la UF presentó 562 observaciones  fiscales a los partidos o coaliciones que contendieron en la campaña del 2012, de las cuales  220 no fueron subsanadas  y por eso se determinó sancionarlos.

Aseguró que el proceso de fiscalización fue “exhaustivo e imparcial”, y en todo momento protegió las garantías de los sujetos fiscalizados, por lo cual  ningún partido puede llamarse sorprendido por los resultados del dictamen donde se perfilan multas millonarias, sobre todo para los de izquierda, por el rebase de tope de campaña de López Obrador .

A  todos  —dijo— se les explicaron las deficiencias que presentaron sus informes fiscales sobre tope de campaña y tuvieron a salvo su derecho de audiencia.

CADA QUIEN. Recalcó que cada partido político o coalición determinó libremente  los criterios de prorrateo de los gastos en las campañas de diputados, senadores y de Presidente de la República,  que utilizaría para reportar sus gastos de campaña con base en el artículo 177 del Cofipe, por lo cual no pueden llamarse sorprendidos.

Y es que el PRD ha cuestionado el criterio de prorrateo que utilizó el IFE para desglosar los gastos y canalizarlos a la campaña presidencial.

Valdés Zurita aseveró que la UF realizó la revisión de más de 110 mil transacciones de gastos prorrateables; de más de 50 mil comprobantes de gastos, como facturas, notas de compra y remisiones, y de más de 150 mil recibos de ingresos y gastos presentados por los partidos políticos.

Con base en ello, la UF informó que la alianza PRD, PT y MC, que abanderó a AMLO, erogó 398.8 millones de pesos, la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), 327.5 millones de pesos, el PAN, 220.5 millones de pesos, y  Nueva Alianza, 110.3 millones de pesos.

Alejandro Páez Morales, La Crónica, 7 de febrero.

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