Resurgen violaciones a los derechos de indocumentados, asevera Solalinde

Las violaciones a la ley y a los derechos humanos de migrantes resurgen en Veracruz y Oaxaca, advirtió el sacerdote Alejandro Solalinde. Aseguró que esta semana se registró un secuestro en la primera entidad, el cual ya investiga la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido); mientras en Oaxaca, el Instituto de Migración habilita al Ejército y las policías federal y local para que realicen verificaciones migratorias fuera del marco legal.
Explicó que por medio de “oficios de colaboración”, el organismo local acuerda que militares y policías realicen ese “trabajo”. Después llega el personal del instituto sólo para legitimar la inspección. Eso es contrario a la ley, afirmó el sacerdote, quien es un conocido defensor de los derechos de migrantes, principalmente centroamericanos que ingresan al país en busca de llegar a Estados Unidos.
En entrevista, a su llegada al encuentro Hacia un pacto por el rescate de la nación y la unidad contra el neoliberalismo, Solalinde comentó que ha sostenido tres reuniones con Paloma Guillén, subsecretaria de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, (el viernes pasado la más reciente) para tratar asuntos relativos a la situación de los migrantes.
Reconoció la apertura del gobierno federal para atender sus peticiones y el hecho de que “cuando yo lo pido me reciben”. Guillén ha señalado que su trabajo es garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes y que está viendo la forma de lograrlo. Es decir, señaló Solalinde, “hay buena voluntad pero faltan acciones porque las palabras ya nadie las cree, y yo menos”.
Además, “da miedo” que el Instituto Nacional de Migración (INM) esté bajo el mando de policías, dijo en referencia al titular del organismo, Ardelio Vargas, para luego insistir en que es constante el maltrato hacia los indocumentados en las estaciones migratorias que, más bien, parecen cárceles. Los policías armados los tratan como delincuentes, sostuvo.
O como lo que ocurre en Oaxaca, de utilizar al Ejército en tareas administrativas. Insistió en la necesidad de “hacer una limpia” en el INM.
Con respecto a los secuestros, el fundador del albergue Hermanos en el Camino comentó que el más reciente ocurrió el pasado martes. La víctima se encuentra bajo resguardo de la Seido. Lamentó que este tipo de casos se repitan por la colusión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada.
También comentó que con la Secretaría de Gobernación colabora en la reforma al reglamento de la ley migratoria, a fin de eliminar los candados que puso el gobierno de Felipe Calderón, los cuales impiden el respeto a las garantías individuales de los migrantes.

Ángeles Cruz Martínez, La Jornada, 17 de febrero.