Amenazan a cura protector de migrantes

Amnistía Internacional (AI) y la Red Todos los Derechos para Todos denunciaron ayer que el pasado domingo el director del albergue La 72 hogar, refugio para migrantes, el sacerdote Tomás González, y su colaborador Rubén Figueroa recibieron de nueva cuenta amenazas de muerte realizadas por personas que fueron señaladas por estar implicadas en actos de extorsión contra migrantes.
Las organizaciones sociales llamaron a las autoridades federales, estatales y municipales ‘‘a brindar protección efectiva y de forma inmediata a los afectados’’, ya que este tipo de advertencias contra los integrantes de ese albergue son recurrentes.
‘‘Vamos por el cura y por todos los demás’’El Movimiento Migrante Centroamericano y La 72 hogar, refugio para migrantes, denunciaron que ‘‘hoy (ayer lunes) al mediodía recibimos dos amenazas por parte del crimen organizado que opera en Tenosique, Tabasco. En las semanas recientes hemos acompañado a muchas personas víctimas de delitos graves, entre ellos el cobro de cuota y amenazas, a presentar denuncias ante las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia del Estado de Tabasco (PGJE)’’.
El religioso aseveró: ‘‘Llegó un muchacho a La 72 para decirnos que ‘los mafiosos’ le advirtieron que esta noche entrarían al refugio por todos los que habían presentado denuncias; que ya los tenían bien ubicados y ya sabían por dónde entrar al albergue’’.
Abundó: ‘‘Junto con Figueroa (colaborador del citado albergue) iba camino a la procuraduría para denunciar estos hechos y pedir a las autoridades el acompañamiento, cuando una de nuestras voluntarias me llamó y me dijo que de manera urgente me trasladara al refugio. Al llegar, uno de los migrantes que presentó denuncia me dijo que en las vías (del ferrocarril) se había topado con gente que le dijo: ‘lo que nos interesa es la cabeza del padre que está al frente de todo esto y de todos los que están hablando. Hoy mismo vamos por todos ellos al albergue’’’.
Por lo anterior, las organizaciones civiles llamaron a los gobiernos federal, estatal y municipal a proteger a los defensores amenazados.

Víctor Ballinas, La Jornada, 19 de marzo.