Cuestiona Amnistía desinterés por DH

La organización Amnistía Internacional denunció que a 100 días del nuevo Gobierno no se han implementado medidas en favor de los derechos humanos que sean congruentes con la gravedad de la situación que vive el País.

"Existen señales preocupantes de que este Gobierno está fallando en dar la prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos. El Gobierno debe romper claramente con las promesas vacías en materia de derechos humanos de la administración anterior, y trabajar en terminar con la impunidad de los abusos", advirtió el asesor especial de la organización, Javier Zúñiga.

En un comunicado, Amnistía señaló que en diciembre, su secretario general, Salil Shetty, escribió una carta al Presidente Enrique Peña Nieto para que tomara acción inmediata en varios asuntos serios, de la que no han recibido respuesta.

La organización llamó a cambiar de manera radical la política de seguridad pública para garantizar el término de violaciones graves como la tortura, los malos tratos y la desaparición forzada, y que los perpetradores enfrenten la justicia.

Indicó que si bien Peña Nieto se comprometió a implementar las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en noviembre de 2012, hasta ahora no ha habido acciones al respecto.

Aunque México ha progresado con la promulgación de la Ley General de Víctimas, resaltó, ésta no puede enmascarar el hecho de que miles de víctimas del crimen y de violaciones a los derechos humanos en los últimos seis años siguen sin tener acceso a la justicia y a la reparación del daño.

El organismo detalló que si bien el Gobierno está discutiendo una reforma policial, no existe evidencia para sostener que la prevención y la rendición de cuentas sobre violaciones a derechos humanos constituyen el centro de esas propuestas.

Indicó que las discusiones sobre la eliminación del arraigo son positivas, sin embargo, advirtió que aún no se han tomado pasos concretos para abolir esta práctica.

En materia de jurisdicción militar, expuso que ni el Ejecutivo ni el Legislativo han tomado acciones para reformar el Código de Justicia Militar, como lo requirió la CoIDH.

Asimismo cuestionó que se haya elegido a un ex jefe policiaco para liderar el Instituto Nacional de Migración (INM), al tiempo que no se han tomado nuevas medidas para combatir a las bandas criminales y a los oficiales que abusan de los migrantes.

"Es tiempo de que este Gobierno demuestre que está poniendo la protección de los derechos humanos en el corazón de su agenda política y asegurando la plena participación de la sociedad civil", enfatizó.

Silvia Garduño, Reforma, 5 de marzo.