Indígenas, acosadas por vender

Francelia Ramírez se escabulle entre un grupo de turistas: en una mano sujeta un exhibidor de pulseras, en la otra carga una rejilla con diademas de palma. Ella es una indígena náhuatl que a “escondidas” de los inspectores del gobierno municipal vende sus artesanías por el centro de la ciudad.

Su hija Jeimy, de dos años de edad, le sigue los pasos por las adoquinadas calles de la Plaza de la Paz y el Jardín de la Unión. “Nos venimos escapaditas. Tenemos que sacar lo del diario”, dice Francelia con la mirada puesta en la menor.

La indígena, originaria de Guerrero, confiesa su miedo a que los inspectores le quiten su mercancía o que los policías se la lleven presa por andar en el centro, como le pasó a su compañera Esther Aniceto, a quien en julio pasado se llevaron “atada de manos” a la cárcel y tuvo que pagar una multa para salir libre.

Francelia es una de las 19 mujeres de origen náhuatl y otomí que se quejaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos por la discriminación, el acoso y la persecución que ejercen los inspectores de fiscalización municipal, que les impiden caminar y vender sus artesanías por las calles céntricas de la ciudad.

“Los inspectores no nos quieren ni ver por aquí. Que damos mala imagen, nos dicen. Que pasemos por los túneles o por atrás del jardín, pero que por el jardín ya no pasemos”, comenta la indígena guerrerense que reside en esta capital desde 1994 cuando emigró de su tierra natal.

Sentada en la banqueta con su hija, en el exterior del Teatro Juárez, muestra su mercancía. “¡Esto es lo que hacemos! Nos discriminan por ser mujeres. Nosotras nos dedicamos a trabajar”, señala.

“Ellos (los inspectores) nos dicen que por qué todavía seguimos así, que ya tenemos mucho tiempo y no hemos podido progresar”, dice.

De mayo de 2011 a la fecha, mujeres indígenas que se dedican al comercio de artesanías han sufrido discriminación y abuso de autoridad a manos de policías e inspectores de Fiscalización y Control Municipal, como consta en los expedientes de queja 253/2011-A, 294/ 2012 y 31/2012-D, radicados en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

Las mujeres se dedican a la venta de pulseras, aretes, collares, accesorios elaborados con chaquira, flores, productos de barro y madera que ellas mismas elaboran. Afirman que el gobierno municipal se negó a renovarles los permisos por su condición social y física.

La oficina del ombusdman acreditó la violación a los derechos indígenas de un grupo de mujeres en el expediente 253/2011-A, de mayo de 2011, durante la administración del priísta Nicefóro Guerrero, con una recomendación para que se establecieran procesos administrativos al personal de Fiscalización y Control Municipal y a efecto de evitar actos repetitivos de discriminación.

El alcalde priísta Luis Gutiérrez niega que haya discriminación. Argumenta que se decidió que “ya no se iba a dar permisos a los (comerciantes) semifijos en el perímetro de la Plaza Allende al mercado de la ciudad”, porque su administración tiene el propósito de “poner orden”.

Encarcelada y despojada

Esther Aniceto se dice indignada por la violencia con la que el gobierno del municipio la ha tratado en varias ocasiones: quitarle su mercancía y detenerla por hacer ventas en la vía pública.

La indígena recuerda que en julio del año pasado, los inspectores de fiscalización llegaron a su improvisado puesto en el exterior de Casa Moneda y como no traía permiso colocaron sus productos en una bolsa, le pusieron esposas en las manos y se la llevaron detenida.

El enojo de los inspectores, dice, fue porque les pidió que contaran sus cosas, ya que en una ocasión se las habían quitado y cuándo las reclamó al municipio le faltaban 10 anillos, de 67 que eran.

“Yo le decía (al inspector) que se contará mi mercancía y como me resistí a agarrar mis cosas llamó a dos policías. Me agarraron, me esposaron y me llevaron a la cárcel, y hasta pagué una multa de 150”, refiere la mujer. La comerciante desconoce el motivo de la multa que le aplicaron las autoridades.

Un “peligro” para el patrimonio

Estela Felipe Aniceto, lideresa de 19 indígenas náhuatl y otomí de Guerrero y Oaxaca, asegura que el alcalde Luis Gutiérrez, quien asumió el cargo en octubre pasado, se negó a renovarles los permisos que tenían vigentes desde 2006 para la venta de productos en la vía pública, y también el gobierno les prohibió caminar por el centro.

En su puesto de artesanías, tendido frente al templo de San Francisco, la lideresa menciona que el director de Fiscalización y Control, Horacio Alberto Morales Arriaga, le explicó que tienen que sacar a las indígenas del centro para evitar que Guanajuato pierda el título que le otorgó la UNESCO como patrimonio de la humanidad.

“Me dijo el director de fiscalización que por eso no nos dejan trabajar en el jardín. Que si seguimos trabajando ahí, va a perder su patrimonio Guanajuato. Nosotros no queremos que lo pierda porque nosotros comemos del turismo”, expone.

Desde el pasado mes de noviembre, siempre que pasan con sus canastos de mercancía, las indígenas enfrentan la amenaza de los inspectores, que les dicen que les van a quitar las cosas, las van a dejar detenidas y que van a tener que pagar una multa de 6 mil pesos, comenta Estela Felipe Aniceto.

“No queremos que nos lleven a la cárcel, como le pasó a mi prima Esther Aniceto en julio pasado”, argumenta.

La lideresa náhuatl considera que el trato que reciben las indígenas que se dedican al comercio es diferente al que la autoridad local da a otras personas.

Considera que la discriminación es tan evidente, que incluso, desde el mismo gobierno se hace mala fama a las indígenas. “Dice que una gente nos trae y nos pone a vender. Eso no es cierto, si el alcalde no sabe de nosotras, que nos investigue”.

Estela Felipe destaca que es falso que el municipio haya limpiado el centro de comerciantes ambulantes para poner orden. “Lo que pasa es que el alcalde quiere sacar a las indígenas del centro por presiones de comercios establecidos, quienes también nos insultan”, sostiene.

“Nos dicen que nosotros de Guerrero venimos a chuparle todo a Guanajuato y que ya no dejamos nada. Porque somos mujeres hacen lo que quieren. A los demás sí les dan permiso”, refiere.

Xóchitl Álvarez corresponsal, EL Universal, 16 de marzo.