Tras asegurar que México está lejos de que las telecomunicaciones sean la plataforma que el país requiere, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones incluye la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta, y en ella no podrán participar las empresas que tengan concesiones por 12 megahertz o más.
Esparza recordó que en 2012, la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que tan sólo en el periodo 2005-2009, la pérdida económica atribuida al rezago y a la disfuncionalidad del sector de telecomunicaciones, fue de 129 mil millones de dólares, es decir, el 1.8 por ciento del PIB anual.
En la presentación de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones en el Museo Tecnológico de la CFE, ante el presidente Enrique Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México, así como los coordinadores del PRI, PAN y PRD en San Lázaro, el funcionario explicó que “con reglas claras y abiertas, con una autoridad fortalecida, con límites a la concentración, con obligaciones bien establecidas en cuanto a calidad, costo y continuidad de los servicios, las telecomunicaciones cumplirán mejor su papel dinamizador de la economía, y de la participación social en el desarrollo nacional”.
De acuerdo con el texto de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, se plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que absorbería las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y algunas de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
El Ifetel podría dar y revocar concesiones, además de sancionar las prácticas monopólicas, detalló Ruiz Esparza.
Los siete comisionados del Ifetel se designarán de forma escalonada, a propuesta del Presidente de la República y con la ratificación de dos terceras partes de la votación en el Senado; y su duración en el cargo sería de nueves años, sin la posibilidad de reelección.
Además, se propone elevar de 49 por ciento a 100 por ciento la participación de inversión extranjera directa en telefonía y comunicación vía satélite, así como pasar de 0 por ciento a 49 por ciento en radiodifusión.
El eje rector de la reforma lo constituye el fortalecimiento de los derechos fundamentales que amplían a todas las personas las libertades de expresión, acceso a la información y acceso a las tecnologías de la información.
En concreto, se prevén reformas para establecer expresamente: el derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna; el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
Las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
El documento especifica que se apoyará a radios comunitarias y la creación de un instituto que las defienda.
La desincorporación de los activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50 por ciento de las prestaciones de servicio de telecomunicación y radiodifusión.
Se establece la gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta en servicios que ofrezcan televisión de paga. En caso contrario, se contempla que los grandes consorcios privados paguen por la retransmisión de la señal a través de televisión por cable (must offer/must carry).
Prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Se delinea una política de inclusión digital, cuya meta será que al menos 70 por ciento de los hogares en el país y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a una velocidad de descarga de información dentro del promedio de los países integrantes de la OCDE.
Esparza recordó que en 2012, la Organización para el Crecimiento y Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que tan sólo en el periodo 2005-2009, la pérdida económica atribuida al rezago y a la disfuncionalidad del sector de telecomunicaciones, fue de 129 mil millones de dólares, es decir, el 1.8 por ciento del PIB anual.
En la presentación de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones en el Museo Tecnológico de la CFE, ante el presidente Enrique Peña Nieto y los firmantes del Pacto por México, así como los coordinadores del PRI, PAN y PRD en San Lázaro, el funcionario explicó que “con reglas claras y abiertas, con una autoridad fortalecida, con límites a la concentración, con obligaciones bien establecidas en cuanto a calidad, costo y continuidad de los servicios, las telecomunicaciones cumplirán mejor su papel dinamizador de la economía, y de la participación social en el desarrollo nacional”.
De acuerdo con el texto de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, se plantea la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que absorbería las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y algunas de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
El Ifetel podría dar y revocar concesiones, además de sancionar las prácticas monopólicas, detalló Ruiz Esparza.
Los siete comisionados del Ifetel se designarán de forma escalonada, a propuesta del Presidente de la República y con la ratificación de dos terceras partes de la votación en el Senado; y su duración en el cargo sería de nueves años, sin la posibilidad de reelección.
Además, se propone elevar de 49 por ciento a 100 por ciento la participación de inversión extranjera directa en telefonía y comunicación vía satélite, así como pasar de 0 por ciento a 49 por ciento en radiodifusión.
El eje rector de la reforma lo constituye el fortalecimiento de los derechos fundamentales que amplían a todas las personas las libertades de expresión, acceso a la información y acceso a las tecnologías de la información.
En concreto, se prevén reformas para establecer expresamente: el derecho al libre acceso a información veraz, plural y oportuna; el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha.
Las telecomunicaciones serán servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
El documento especifica que se apoyará a radios comunitarias y la creación de un instituto que las defienda.
La desincorporación de los activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50 por ciento de las prestaciones de servicio de telecomunicación y radiodifusión.
Se establece la gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta en servicios que ofrezcan televisión de paga. En caso contrario, se contempla que los grandes consorcios privados paguen por la retransmisión de la señal a través de televisión por cable (must offer/must carry).
Prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
Se delinea una política de inclusión digital, cuya meta será que al menos 70 por ciento de los hogares en el país y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a una velocidad de descarga de información dentro del promedio de los países integrantes de la OCDE.
“Una forma de analfabetismo, no tener acceso a telecomunicaciones”: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, como una de las grandes concertaciones para democratizar la productividad y dinamizar la economía del país.
Se dijo convencido de que “no tener acceso a telecomunicaciones es una forma de analfabetismo y exclusión social”, y por ello –dijo- se diseñó la iniciativa en diálogo democrático “para responder a las necesidades de un país decidido a integrarse a la sociedad de la información y del conocimiento”.
Estableció el “abc” con el cual debe contar la reforma: Asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio y telefonía; Buenos precios, es decir, las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos con tarifas competitivas a nivel internacional.
Los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia, y pagar sólo lo justo.
Calidad en el servicio y en los contenidos. Los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos.
“Queremos que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran”, que cuenten con más canales de televisión y múltiples opciones para recibir “información veraz, plural y oportuna”.
En la presentación de la denominada Ley Telecom (Ley Federal de Telecomunicaciones), realizada en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante legisladores y firmantes del Pacto por México, confió en la responsabilidad y el compromiso del Congreso, porque “a él corresponde ahora analizar y en su caso aprobar esta iniciativa”.
Peña Nieto señaló que “en plena congruencia con la evolución democrática del país, el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue ni revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas”.
El mandatario explicó que la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tiene tres grandes apartados: Uno, la ampliación de los derechos de los mexicanos. Una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia económica y la certidumbre legal.
Calificó la reforma como pieza clave para acelerar el desarrollo nacional, y destacó que el Estado mexicano tutela ante todo el interés de los consumidores.
Señaló que las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir la condición elemental de servir al país.
Admitió que la reforma representa desafíos para las empresas del sector, pero también les abre nuevas oportunidades, y para ello tendrán que invertir e innovar, mejorar sus tarifas y elevar la calidad de sus servicios.
Confió en la responsabilidad y el compromiso del Congreso, porque “a él corresponde ahora analizar y en su caso aprobar esta iniciativa” que reafirma la soberanía democrática del Estado mexicano.
El Ejecutivo hizo un reconocimiento a todos los actores involucrados en el Pacto por México, que mas allá de legítimas diferencias ideológicas han estado a la altura de lo que México hoy demanda.
El presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones, como una de las grandes concertaciones para democratizar la productividad y dinamizar la economía del país.
Se dijo convencido de que “no tener acceso a telecomunicaciones es una forma de analfabetismo y exclusión social”, y por ello –dijo- se diseñó la iniciativa en diálogo democrático “para responder a las necesidades de un país decidido a integrarse a la sociedad de la información y del conocimiento”.
Estableció el “abc” con el cual debe contar la reforma: Asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio y telefonía; Buenos precios, es decir, las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos con tarifas competitivas a nivel internacional.
Los hogares, lo mismo que las micro, pequeñas y medianas empresas deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia, y pagar sólo lo justo.
Calidad en el servicio y en los contenidos. Los mexicanos merecen servicios que sean rápidos y confiables, así como una mayor diversidad de contenidos.
“Queremos que los usuarios puedan estar conectados cuando lo requieran”, que cuenten con más canales de televisión y múltiples opciones para recibir “información veraz, plural y oportuna”.
En la presentación de la denominada Ley Telecom (Ley Federal de Telecomunicaciones), realizada en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante legisladores y firmantes del Pacto por México, confió en la responsabilidad y el compromiso del Congreso, porque “a él corresponde ahora analizar y en su caso aprobar esta iniciativa”.
Peña Nieto señaló que “en plena congruencia con la evolución democrática del país, el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue ni revoque las concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las decisiones sobre cada concesión serán técnicas y no políticas”.
El mandatario explicó que la iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones tiene tres grandes apartados: Uno, la ampliación de los derechos de los mexicanos. Una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia económica y la certidumbre legal.
Calificó la reforma como pieza clave para acelerar el desarrollo nacional, y destacó que el Estado mexicano tutela ante todo el interés de los consumidores.
Señaló que las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir la condición elemental de servir al país.
Admitió que la reforma representa desafíos para las empresas del sector, pero también les abre nuevas oportunidades, y para ello tendrán que invertir e innovar, mejorar sus tarifas y elevar la calidad de sus servicios.
Confió en la responsabilidad y el compromiso del Congreso, porque “a él corresponde ahora analizar y en su caso aprobar esta iniciativa” que reafirma la soberanía democrática del Estado mexicano.
El Ejecutivo hizo un reconocimiento a todos los actores involucrados en el Pacto por México, que mas allá de legítimas diferencias ideológicas han estado a la altura de lo que México hoy demanda.
Puntos principales
1.- Sancionar las prácticas monopólicas.
2.- Se crean la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), como órganos constitucionales autónomos.
3.- Los siete comisionados del Ifetel se designarán de forma escalonada, a propuesta del Presidente y con la ratificación de dos terceras partes de la votación en el Senado; y su duración en el cargo sería de nueves años, sin la posibilidad de reelección.
4.- Fortalecer la Comisión Federal de Competencia.
5.- Apoyo a radios comunitarias y la creación de un instituto que las defienda.
6- La licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
7.- Desincorporación de los activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50 por ciento de las prestaciones de servicio de telecomunicación y radiodifusión
8.- Gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta en servicios que ofrezcan televisión de paga. En caso contrario, se contempla que los grandes consorcios privados paguen por la retransmisión de la señal a través de televisión por cable (must offer/must carry).
9.- Prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
10.- Los concesionarios accederán a los medios físicos, técnicos y lógicos que permitan la interconexión exitosa entre las redes públicas y las centrales locales.
11.- La radiodifusión será servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad.
1.- Sancionar las prácticas monopólicas.
2.- Se crean la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), como órganos constitucionales autónomos.
3.- Los siete comisionados del Ifetel se designarán de forma escalonada, a propuesta del Presidente y con la ratificación de dos terceras partes de la votación en el Senado; y su duración en el cargo sería de nueves años, sin la posibilidad de reelección.
4.- Fortalecer la Comisión Federal de Competencia.
5.- Apoyo a radios comunitarias y la creación de un instituto que las defienda.
6- La licitación de dos nuevas cadenas de televisión.
7.- Desincorporación de los activos, derechos y partes de las empresas que concentran más del 50 por ciento de las prestaciones de servicio de telecomunicación y radiodifusión
8.- Gratuidad en la retransmisión de señales de televisión abierta en servicios que ofrezcan televisión de paga. En caso contrario, se contempla que los grandes consorcios privados paguen por la retransmisión de la señal a través de televisión por cable (must offer/must carry).
9.- Prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.
10.- Los concesionarios accederán a los medios físicos, técnicos y lógicos que permitan la interconexión exitosa entre las redes públicas y las centrales locales.
11.- La radiodifusión será servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad.
Cecilia Téllez Cortés, La Crónica, 12 de marzo.
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