Pega a migrantes crisis humanitaria

TIJUANA. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) considera que se está recrudeciendo la crisis humanitaria hacia los migrantes que cruzan por México, pues el número de secuestros es alertador, además que se les ha dejado fuera de la nueva ley de víctimas.

La máxima casa de estudios especializada en migración realizó el seminario “Nuevos y viejos retos del Estado mexicano para la protección de los derechos humanos de los migrantes internacionales”, donde se analizaron los nuevos retos del gobierno mexicano en materia de derechos humanos a migrantes.

Mauricio Farah Gebara, secretario General de la Cámara de Diputados en México habló sobre la crisis humanitaria que asola al fenómeno y se encuentra ligada a todos los niveles de gobierno. “Hay una participación activa por parte de éste en la cadena delictiva que daña a los migrantes”, mencionó. Además, explicó que en 2009 hubo 9 mil 758 secuestros a migrantes en los cuales pudieron encontrarse implicadas autoridades de distintos niveles.

Este estudio también abordaba el dónde, cuándo y cómo se realizaban los secuestros a migrantes, pero aun así, destacó, no hubo una respuesta real por parte de las autoridades.

En tanto, Jorge Bustamante, fundador del Colef, se refirió a la nueva ley de víctimas, la cual no hace mención de los migrantes o de las víctimas internacionales.

“Hay una ausencia de responsabilidad de Estado”, dijo Bustamante, y agregó que más de 20 mil millones de dólares se perciben en remesas, que aunque se están recuperando, aun así existe un grave problema de “responsabilidad civil”.

El padre Luis Kendzierski y Gilberto Martínez, de la Casa del Migrante A.C., expusieron su experiencia en la asociación y su sistema para abordar a los migrantes y auxiliarlos. Hablaron de la importancia que tiene que “la gente vea que el migrante sólo busca estar mejor”.

Entre las situaciones problemáticas para el migrante, que abordaron está que, al salir de la cárcel, recibe un cheque por el efectivo que portaba, pero se trata de uno americano y al ser deportados e intentar cobrarlo, les descuenta hasta un 30%.

Laura Sánchez corresponsal, EL Universal, 17 de marzo.