La iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones enviada a la Cámara de Diputados fue publicada este martes en la Gaceta Parlamentaria y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En ella se establece que este sector es de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Con esta reforma que habrá de impulsar al país a una nueva etapa en el desarrollo de las telecomunicaciones, se plantea reformar los Artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución.
La propuesta fue enviada al Congreso de la Unión por el subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero, por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto.
La iniciativa también fue suscrita por los coordinadores de las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal García, y Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones Rivera.
También por los líderes de las bancadas de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Silvano Aureoles Conejo, y Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega.
La propuesta del presidente Peña Nieto prevé reformar el marco legal de las comunicaciones, generar más competencia en estos servicios, elevar a rango constitucional el derecho de acceso a la banda ancha y licitar dos nuevas cadenas nacionales de televisión abierta.
También se pretende fortalecer la capacidad rectora del Estado, el marco legal, la capacidad regulatoria y el ordenamiento de este sector para impulsar su crecimiento en un contexto de competencia equitativa.
Fortalecer los órganos reguladores, cubrir vacíos legales y evitar la doble ventanilla son parte fundamental de esta reforma, agregó el funcionario federal.
Asimismo se propone la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonios propios, el cual podrá ordenar la desincorporación de activos de los actores económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos.
Este organismo, y no el Ejecutivo federal, será la instancia facultada para otorgar y revocar concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones.
Se pone a consideración de la Cámara de Diputados la creación de tribunales de competencia económica y la licitación de dos nueva cadenas de televisión abierta.
Además de que se elevará de 49 a 100 por ciento la posible participación de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como de cero a 49 en radiodifusión.
Los concesionarios de televisión abierta deberán permitir la retransmisión, de manera gratuita y sin discriminación, a los concesionarios de televisión de paga, quienes deberán transmitir la señal de televisión abierta sin costo para sus suscriptores.
La Crónica, 13 de marzo.
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