Violencia prende alerta electoral


El viento fresco entraba por la ventana de las relucientes oficinas del gobernador de una entidad del norte del país. Apenas tenía un día de haber rendido protesta ante el Congreso local y estaba reconociendo las puertas de sus oficinas de Palacio de Gobierno.
—Señor gobernador, le busca Juan “N” —le dijo su secretario particular. Se trataba de uno de los más importantes empresarios del estado, por lo que no pudo negarse a recibirlo.
El hombre de negocios entró. Pero no iba solo. A su lado iba un hombre de unos 40 años con traje y sin corbata. “Gobernador, ¿cómo estás?”, le dijo. Tras los saludos protocolarios y la presentación del acompañante, el empresario se levantó de la silla: “Bueno, yo los dejo”.
Según cuenta el ahora ex gobernador, se trataba de un enviado del cártel de Sinaloa. Le pedía no entrometerse y a cambio le ofrecía “tranquilidad” en el estado. Él dijo que lo pensaría.
Días después, en una reunión en Cancún, mientras esperaba a su esposa le llamaron de la recepción del hotel para decirle que le esperaban en una habitación. Inquieto, fue y sólo había un bolso con billetes. Según el político, nunca aceptó ningún acuerdo.
El proceso
Enfrentamientos derivados de la disputa territorial entre cárteles, amenazas, el plagio de un consejero electoral que aún no aparece, un precandidato asesinado por el narcotráfico y mucha incertidumbre son algunas de las condiciones a las que se enfrentan al menos cinco de los 14 estados que se preparan para el proceso electoral del próximo 7 de julio.
En Baja California, Ernesto Ruffo, senador del PAN y ex gobernador de esa entidad, señala al abanderado del PRI a la gubernatura, Fernando Castro Trenti, con presuntos vínculos con el crimen organizado. “Es falso”, espeta el priísta.
La importancia de que los grupos delictivos puedan tener participación en la política está asociada con el dominio territorial, dice el analista político Jorge Chabat, quien explica que para las bandas del crimen organizado es fundamental establecer nexos a nivel local dado que “son quienes les pueden permitir o complicar sus actividades, para ellos es muy útil tener la protección de autoridades locales”.
Enfrentamientos constantes
Tamaulipas es una de las entidades con mayor grado de conflictividad. Las reyertas a balazos en circos o en las calles son cotidianas pero no trascienden a los medios por el acoso de los criminales que impiden esa narrativa, donde el número de muertos es incierto. El Palacio de Gobierno donde despacha el gobernador Egidio Torre ha sido blanco de granadazos.
Frente a la intensificación de enfrentamientos en ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) solicitó blindar a sus órganos electorales luego del secuestro de uno de los consejeros, cuyo paradero aún se desconoce.
Líderes del PRI, PAN y PRD rechazan solicitar abiertamente mayor seguridad para sus candidatos.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, puntualiza que la seguridad no debe ser garantía exclusiva de la clase política, sino de todos los tamaulipecos.
Ramos Salinas dice que pese a los hechos violentos registrados en la frontera tamaulipeca, “nosotros seguimos trabajando y cumpliendo con la ley”.
El dirigente municipal del PRI en Reynosa, Benito Sáenz Barella, sostiene que de cara al proceso electoral del próximo 7 de julio y pese a los hechos violentos, todo se desarrolla de manera “normal”.
Sáenz Barella expresó que ninguno de los precandidatos ha solicitado mayor seguridad, pero que la fracción tricolor ya prepara su plan de acción frente al clima de inseguridad. “Estamos tomando las precauciones necesarias para evitar exponer a nuestra estructura y a nuestros precandidatos”, admite Sáenz Barella.
Mientras que el PRI establece medidas frente a la violencia, los dos precandidatos fuertes del PAN por la alcaldía de Reynosa, Jesús María Moreno Ibarra y José Ramón Gómez Leal, se encuentran en McAllen, Texas, y desde el repunte de la violencia en la ciudad ninguno de los dos ha hecho apariciones públicas. No hay explicación pública del porqué de su ausencia en tierra tamaulipeca.
Los perredistas afirman que no tienen nada que temer. “Cada quien se dedica a lo suyo y no a otras cosas”, dice el líder estatal del PRD, Cuitláhuac Ortega Maldonado. Añade que cada uno de los candidatos a alcalde o diputado conocen bien los riesgos a los que se enfrentan.
Por el clima de inseguridad que se vive en Tamaulipas, el PAN solicitará se blinde el proceso electoral, y se destine seguridad especial para los candidatos a diversos puestos , indicó el senador tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca.
Alerta en La Laguna
Durango es otro de los estados que tendrá que disputar el voto en medio de un agudo clima de violencia.
Apenas en enero 158 policías que mantenían nexos con el narcotráfico fueron detenidos en masa. En febrero el dirigente priísta Mario Landeros Campero, quien era aspirante a la alcaldía de Lerdo, fue asesinado tras ser secuestrado por un grupo de sicarios que luego serían capturados en Durango, con la acusación de ser miembros de un cártel.
No obstante, el dirigente del PRI, Otoniel García Navarro, asegura que los procesos internos para elegir candidatos a diputaciones y alcaldías han transcurrido sin incidentes.
El líder tricolor apunta que ninguno de los contendientes ha solicitado seguridad adicional. En todo momento, dice, buscarán que el estado sea recorrido por sus abanderados.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se pudiera infiltrar la delincuencia organizada en las campañas, García Navarro afirma que “pudiera ser en todo momento y en muchos lugares, pero lo que se busca es que nuestros candidatos hagan campaña sin presión y sin intervención de esos grupos”.
El dirigente perredista de Durango, Edmundo Ravelo, explica que sus afiliados no han sufrido ataques o amenazas del crimen organizado, pero “no se puede cerrar los ojos y decir que todo está bien”.
Ravelo considera que es obligación de las instituciones estatales proporcionar a los candidatos condiciones mínimas para que puedan hacer libremente su trabajo sin que haya pérdidas humanas.
“En el momento en que algún candidato corra peligro lo señalaremos y le vamos a retirar porque no vamos a permitir que una vida se pierda debido a estas situaciones”, anticipa el perredista.
Chihuahua: matan precandidato
En Chihuahua la seguridad de los candidatos comienza a ser motivo de preocupación. A finales de febrero se confirmó la desaparición de uno de los contendientes para la presidencia del municipio de Jumiles. Después encontraron su cadáver con cinco impactos de bala.
La dirigencia estatal del PAN en Chihuahua expresó su inquietud respecto de las condiciones de inseguridad que ponen en peligro a los candidatos.
Derivado del ataque que privó de la vida a David Carrasco Carnero, el líder estatal panista, Mario Vázquez Robles, expuso que dicho acontecimiento vino a enrarecer las condiciones del proceso electoral del estado.
“El homicidio (de Carrasco) denota que hay un problema fuerte de inseguridad. Tenemos eventos en Chihuahua que hacen que nos preocupemos los partidos políticos”, enfatiza Vázquez Robles.
Al interior del PAN habían llegado a la determinación de presentar a Carrasco como su candidato, debido a que gozaba de excelente reputación con sus compañeros de partido, por el buen desempeño que tuvo cuando fue alcalde de esa misma demarcación.
“Reconocemos que hay partes del estado con problemas de seguridad, y entorno a ello habremos de tomar medidas muy realistas que privilegien la seguridad de los candidatos, pero insisto en que las autoridades son las que deben otorgar la seguridad”, aduce Vázquez Robles.
Estigma de violencia
Bajo el estigma de estado violento, los aspirantes a los cargos de elección popular de partidos políticos en Sinaloa no vislumbran un proceso electoral tenso, pero sí tienen presente el riesgo de que dinero sucio se infiltre en las campañas.
La inseguridad y los enfrentamientos cotidianos entre bandas de delincuentes han trastocado la vida cotidiana de la ciudadanía en municipios como Choix, San Ignacio, Concordia y el Rosario. A pesar de ello, la opinión es dividida en torno a la necesidad de que los candidatos gocen de protección especial.
Felipe Manzanares Martínez, ex líder estatal del Partido Ciudadano en Movimiento y aspirante a la alcaldía de Culiacán, considera que en municipios y distritos electorales serranos sí es conveniente que los candidatos gocen de escoltas, como protección.
En contraste, Rosa Elena Millán Bueno, la única mujer dentro de las filas del PRI que alzó la voz para que se le considere como aspirante, considera poco viable que la ciudadanía se acerque a un político rodeado de seguridad.
Estados como Aguascalientes, Quintana Roo e Hidalgo manifiestan su tranquilidad respecto a la integridad física de sus representantes para estas elecciones.
En Zacatecas, el primer estado en que se vivirán las campañas de candidatos independientes. Los dirigentes de los partidos reconocen que pese a que en la entidad hay “una espiral de violencia”, hasta ahora ningún candidato ni partido político ha reportado “amenazas o posibles intervenciones del narco en el proceso electoral”.
Chabat señala que las repercusiones de la intervención del crimen en los comicios se reflejan principalmente en la inhibición de la participación ciudadana para efectuar su voto y en el ámbito político recae en el hostigamiento del que pueden ser blanco los candidatos, que de no ceder ante el narco son privados de la vida.
El ex gobernador que a su llegada al poder recibió la visita del enviado del narco, en la primera década del siglo XXI, concluyó su gestión. Pidió no revelar su nombre, pero lo cierto es que ha continuado su carrera política. Siempre ha tenido presente que los delincuentes se acercan antes o hasta que se asumen cargos. (Con información de Javier Cabrera, Dinorath Mota, Adriana Varillas e Irma Mejía)
Yazmín Mariche, Julio Loya, Rosa Gaucín y Luis Fierro, El Universal, 18 de marzo.

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