CIRT: frente a la reforma constitucional, los empresarios defienden sus derechos

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Tristán Canales Najjar, manifestó que “ante la inminente aprobación de la reforma a las telecomunicaciones, los radiodifusores hemos hecho una defensa institucional y responsable de nuestros legítimos derechos”. Agregó que esa industria demostró que está unida.
Por separado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que dicha modificación debe votarse este mes, sin más dilación, o se corre el riesgo de que no se apruebe o se vicie, ante la defensa que las compañías están haciendo de sus intereses.
Durante la sesión del consejo directivo de la CIRT, celebrada ayer, Tristán Canales expresó que en la discusión de la reforma mencionada se hizo una defensa responsable de los derechos de los concesionarios, y que ese sector tiene compromiso con las instituciones.
Reiteró que en el proceso legislativo, “a pesar de quienes apostaban a vernos divididos, ha quedado demostrado que la unidad es el valor más preciado de los industriales de la radio y la televisión mexicanas”.
Mientras, la Amedi señaló que hasta ahora el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y en análisis en el Senado “es una reivindicación de la clase política, que había llegado a doblegarse ante los poderes fácticos que controlan los medios más importantes. Las televisoras privadas han impedido el cabal ejercicio del derecho a la información y la competencia por la oferta audiovisual que reciben los mexicanos”.
Destacó que, a pesar de la “presión de las televisoras”, los objetivos centrales de la reforma no han variado, pues se conserva la diversidad de los medios, la apertura en telecomunicaciones, la creación de un regulador “confiable, sólido y con amplias facultades”, así como el fomento de medios públicos de cobertura nacional.
Con todos esos elementos y el hecho de que al sector de las telecomunicaciones se le han hecho diagnósticos durante años, no es conveniente que se extienda la discusión sobre la reforma, porque podría ser “el pretexto para evitar que se apruebe”.
La Amedi, que preside Aleida Calleja, comentó: “Sería vergonzoso que los senadores, a pesar del discurso reformador y de los cuestionamientos que muchos de ellos enderezan contra las corporaciones mediáticas, terminaran sirviéndolas, voluntariamente o no”.
Criticó que la telebancada descalifique la autonomía constitucional de los reguladores por decidirse y argumente falsedades para impedir que el Estado opere una red troncal de telecomunicaciones que proveería de servicios de banda ancha e Internet en un país donde sólo 40 por ciento de la población tiene acceso a ellos.

Miriam Posada García, La Jornada, 17 de abril.