Da a conocer la SCJN protocolo de actuación en procesos de indígenas

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, destacó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) debe responder a los viejos problemas de falta de acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Al presentar el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos Indígenas, el ministro Silva Meza comentó que se trata de una herramienta que tendrán los juzgadores para la interpretación jurídica, pero no significa que desplace las normas constitucionales.

"No significa el desplazamiento de las normas constitucionales por las del derecho internacional, sino  la ampliación del marco normativo interno en materia de derechos humanos y el permanente diálogo entre las distintas fuentes de derechos humanos, teniendo como criterio de ponderación de normas y el principio pro persona", comentó.

Acompañado por Rodolfo Stavenhagen, ex relator de las Naciones Unidas, el presidente del máximo tribunal también destacó que la Ley de Amparo se convierte en un instrumento para la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En ese sentido, señaló que con el protocolo amplía el criterio de los juzgadores para garantizar la vigencia de los derechos de los grupos indígenas enmarcados en las reforma constitucional de 2011 y en tratados internacionales.

En un mensaje grabado, el relator especial de la ONU, James Anaya, reconoció al PJF por el protocolo que "establece un importante precedente a nivel mundial y que servirá como ejemplo en otros países".

Destacó que los sistemas de administración de justicia indígena requieren flexibilidad para poder evolucionar y responder a situaciones y contextos en consonancia con sus propios preceptos culturales, sociales y políticos.

Mientras que Rodolfo Stavenhagen, calificó como un paso importante en la consolidación de una cultura de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Este documento —agregó— ofrece una visión pluralista que garantiza derechos colectivos como una forma de preservar la diversidad cultural del país; también fortalece el régimen jurídico mexicano porque a lo largo de su historia los pueblos, comunidades y sujetos indígenas que constituyen la pluralidad étnica del país han sido víctimas de discriminación, exclusión y marginación.

Dennis A. García, La Crónica, 16 de abril.

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