Incluye acuerdo lo que ya marca la ley electoral

Los integrantes del Pacto por México definieron las medidas básicas para garantizar condiciones de limpieza e imparcialidad en las próximas elecciones y blindar los programas de combate a la pobreza de fines electorales, facciosos o ilegales.

En conversaciones que sostuvieron el fin de semana representantes de la Federación y de los tres principales partidos, se perfiló un convenio marco cuyos principales puntos ya están contemplados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

El 24 de abril, a raíz de la denuncia panista sobre manejo electoral de la Cruzada contra el Hambre en Veracruz, el Gobierno y los líderes de los partidos reactivaron el acuerdo político, tras acordar el establecimiento de medidas para proteger los programas sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el documento base incluye acciones para blindar los comicios del 7 de julio y acuerdos estructurales para erradicar el uso electoral de los programas sociales de los tres órdenes de gobierno.

En la primera parte, se suscribió el compromiso de las partes de garantizar que en ninguno de los procesos se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.

También convinieron el impulso de mecanismos para que organizaciones de la sociedad civil vigilen los movimientos de los padrones (altas y bajas), con base en criterios técnicos sociales, no electorales.

Acordaron la definición conjunta de los criterios que deben normar el perfil de los delegados federales de las dependencias que manejan programas sociales, así como facultar al Ejecutivo a revisar los nombramientos para asegurar su idoneidad en función del perfil profesional-técnico.

Otros puntos son suspender cualquier asamblea o reunión pública de beneficiarios durante los 45 días previos a las elecciones y adelantar la entrega de apoyos -conforme lo permitan los recursos disponibles- para 45 días antes de las elecciones.

Asimismo, establecer comisiones plurales en los 14 estados donde habrá elecciones para presentar y atender las denuncias sobre intervención indebida de los gobiernos o manejo electoral de acciones gubernamentales y programas sociales

El Pacto propondrá además a los gobernadores y alcaldes un acuerdo que los comprometa a abstenerse de realizar entregas de apoyos en los 45 días previos a las elecciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigará las cuentas bancarias de los gobiernos de los estados, de las cuales se hagan retiros en efectivo por cantidades relevantes.

En la segunda parte, relativa al blindaje de los programas sociales, la Federación y los partidos dispusieron retomar e impulsar las iniciativas de ley orientadas a fortalecer la profesionalización de los delegados y operadores federales de programas sociales.

Por duplicado

Entre los acuerdos de los negociadores del Pacto, muchos están contemplados en la ley electoral:


LIMPIEZA 

Pacto

· Tomar las acciones necesarias para que en ninguno de los procesos electorales se produzcan acciones que menoscaben la integridad y limpieza del voto.


Cofipe

· Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación de partidos y ciudadanos.



OBSERVADORES 

Pacto

· Convocar y promover la participación de observadores electorales nacionales e internacionales en los procesos electorales del 7 de julio.


Cofipe

· Es derecho de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como de los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral.

PROPAGANDA

Pacto

· Abstenerse de hacer en los medios de comunicación propaganda personalizada y las llamadas gacetillas. Se buscará hacer extensivo este acuerdo en todos los órdenes de gobierno.


Cofipe

· Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental.

Antonio Baranda, Reforma, 30 de abril.

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