“Santos ha ofrecido impunidad a las FARC”

Quienes siguen al ex presidente colombiano Álvaro Uribe en Twitter o a través de sus intervenciones públicas ya se han dado cuenta que el político colombiano no ha adoptado ese tono conciliador y siempre correcto que suelen adquirir los ex presidentes. Por el contrario, lo suyo es criticar desde la trinchera lo que le parece mal para Colombia, y, por qué no, para América Latina.

“Se lo debo a los colombianos”, explica Uribe, quien recuerda que sus compatriotas votaron en el pasado por él para presidente (2002-2010), senador, gobernador y concejal.

Lo que ahora lo tiene más preocupado es el curso del proceso de paz que adelanta desde noviembre pasado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla de extrema izquierda considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Uribe aclara que no le molesta en sí misma la idea de intentar cerrar un conflicto de cinco décadas y miles de muertos por vía del diálogo, sino lo que rechaza es que se ofrezca, a su juicio, “impunidad” a los miembros del secretariado de las FARC y la posibilidad de participar en política, a pesar de sus extensos prontuarios. Esta última posibilidad incluso fue avalada recientemente por el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien dijo estar de acuerdo en que jefes rebeldes “puedan llegar al Congreso”.

Aunque el ex presidente reconoce que durante sus ocho años de gobierno los problemas de Colombia no quedaron totalmente resueltos, sostiene que sí había un horizonte de mejora, sobre todo en materia de orden público, algo que se ha deteriorado bajo el gobierno de Santos, su ex ministro de Defensa. Esta afirmación al parecer es compartida, ya que una encuesta de Gallup de febrero pasado señaló que un 67% de los colombianos cree que el problema de la guerrilla empeoraba, frente a 20% que sostuvo que mejoraba.

Durante su breve paso por Santiago para participar en un evento empresarial, Uribe habló con El Mercurio sobre el proceso de paz en Colombia (del cual Chile es acompañante) y descartó intenciones de volver al poder. Y de paso mencionó a su ex vicepresidente Francisco Santos y a su ex ministra de Defensa Martha Lucía Ramírez como algunas de las caras que podrían tomar las banderas del “uribismo” con miras a las elecciones del 2014.

¿Qué le pareció la marcha por la paz convocada el martes (9) por el gobierno de Santos para apoyar los diálogos con la guerrilla y que fue saludada por las FARC?

Hace algunos años marcharon millones de colombianos en contra de las FARC. El martes (9) salieron 280 mil. Yo critiqué la convocatoria de esa marcha: primero, porque el gobierno le está ofreciendo impunidad al grupo terrorista de las FARC. Segundo, porque se involucró al Ejército en una marcha política en que participa un grupo terrorista. Y tercero, porque las FARC están dialogando con el gobierno y siguen matando colombianos y financiaron parte de esta marcha. Me parece muy grave.

¿Cree que el gobierno de Santos buscaba demostrar que todavía existe piso para una negociación con las FARC, en vista de que el proceso de paz aún no arroja acuerdos concretos?

Todos los colombianos queremos la paz y la estábamos ganando en nuestro gobierno. El problema es que el presidente Santos está haciendo todo lo contrario a lo que ofreció. Ha descuidado la seguridad, no obstante se comprometió a mantenerla. Él ha ofrecido impunidad a los integrantes de las FARC, que han cometido los mismos crímenes que Pablo Escobar. ¿Cuál es la razón para ofrecerles eso? ¿Cuál es la razón para ofrecerles elegibilidad política a quienes han incurrido en secuestros, asesinatos de menores, narcotráfico y otros delitos atroces? Además, el país tiene una democracia respetable.

¿Por qué tiene que negociar con las FARC el futuro de sectores económicos, como el agropecuario, que lo están discutiendo en Cuba? ¿Qué tal que nuestro gobierno hubiera hecho eso con los paramilitares?

Sin embargo, ofrecer hoy “impunidad” vía amnistías o perdones chocaría con la acción de la Corte Penal Internacional, a la cual Colombia adhiere.

El gobierno está convencido que con la justicia transaccional puede ofrecer impunidad e indulto a autores de delitos atroces. Entonces, el tema hay que enfrentarlo no solo desde lo jurídico, sino de lo político. La historia ha demostrado que la impunidad es la partera de nuevas violencias.

Pero durante su gobierno, cuando se desmovilizó alias “Karina”, jefa del Frente 47 de las FARC, se le dieron beneficios legales e incluso se le asignó un papel en la promoción de las deserciones voluntarias de guerrilleros.

Eso se hizo bajo la ley de Justicia, Paz y Reparación de nuestro gobierno, que daba reducciones de condenas, pero no impunidad ni elegibilidad política.

¿Qué le parece que en las últimas semanas el presidente Santos lo haya denunciado como un enemigo del proceso de paz?

El presidente Santos aprovechó nuestras políticas para que los colombianos lo eligieran y después las abandonó.

Entonces, ¿usted hubiera sido partidario de no abrir un proceso de paz y seguir atacando frontalmente a las FARC?

Nosotros teníamos una política de desarticulación del terrorismo con tres elementos: severidad en la autoridad; reinserción generosa y sin impunidad. Se reinsertaron 53 mil personas: 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Esto, junto a una política social ambiciosa, para que los jóvenes no tuvieran que ir a buscar el camino del narcoterrorismo. Íbamos bien.

Cuando empezó nuestro gobierno, las FARC tenían 30 mil integrantes, cuando terminó, 6 mil 800. Hoy no deberían tener más de 2 mil . Pero tienen alrededor de 7 mil . Y lo mismo las nuevas bandas del narcotráfico. Nuestro gobierno (en 2002) encontró dos procesos de paz en ciernes. Uno con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en Cuba y otro con los paramilitares a través de la Iglesia.

Exigimos un cese de actividades criminales como condición para el diálogo. El ELN no lo aceptó y no se pudo llevar a cabo. Los paramilitares dijeron que sí. Cuando incumplieron fueron a la cárcel y hay 14 cabecillas que extraditamos. Las FARC no quisieron dialogar porque exigimos el cese de actividades como condición.

Su postura hacia las FARC recuerda de cierto modo la que tuvo la primera ministra Margaret Thatcher con el Ejército Republicano Irlandés (ERI). ¿Qué impresión le causó su deceso?

Tengo un respeto profundo por quien nunca le falló a sus convicciones, actuó sin cálculo, fue factor definitivo en la derrota del comunismo, puso fin en Inglaterra a las oligarquías zánganas del overol y abrió el acceso a la propiedad a millones de ciudadanos. Su actitud rigurosa con el terrorismo facilitó después los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que dieron excarcelaciones pero no impunidad.

Margaret Thatcher es un ejemplo para los líderes contemporáneos.

A diferencia del presidente Santos, ella ejecutó lo que dijo en campaña. Santos vive cambiando a ver cómo se acomodan las encuestas. Thatcher era predecible.

Hoy el presidente Santos nos puede conducir a puerto bueno y mañana a un infierno. Uno no sabe por qué caminos conduce a Colombia finalmente.

Colombia tiene una democracia respetable. ¿Por qué tiene que negociar con la guerrilla (de las FARC) el futuro de sectores económicos, como el agropecuario, que se discute en Cuba?

Juan Pablo Toro, El Universal, 21 de abril.