Se da ‘‘altísima prioridad’’ a los derechos humanos, señala Osorio

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que ‘‘el gobierno federal le concede una altísima prioridad a los derechos humanos. Los considera una plataforma mínima indispensable, no negociable’’. Por ello, afirmó que existe el compromiso de ‘‘construir una política de Estado’’ que atienda las necesidades de la sociedad para la vigencia plena de sus libertades y el ejercicio de sus derechos.
Al recibir la agenda en la materia por parte de los organismos públicos de derechos humanos, en el contexto de la consulta para el Plan Nacional de Desarrollo (PND), Osorio afirmó que esta visión se expresa en el Pacto por México, que acordó la creación de una instancia que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma constitucional. ‘‘La ley se cumple y para hacerlo con legitimidad y eficiencia siempre hay que respetar los derechos humanos’’, insistió.
Franco retrocesoA su vez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, destacó que la propuesta parte de un diagnóstico que asume que en los últimos años las acciones de los tres niveles de gobierno ante la problemática de seguridad ‘‘derivaron en un franco retroceso en la materia. Las quejas ante las comisiones y procuradurías se vieron sensiblemente incrementadas, resultado en buena medida de prácticas que lastimaron seriamente a las instituciones públicas y de manera seria a la sociedad’’.
Se denunciaron prácticas como tratos crueles e inhumanos, tortura, cateos, homicidios y desapariciones forzadas, situación que coexistió con la aprobación de la mayor reforma en derechos humanos desde 1917. Es momento de reforzar la protección y prevención de estas garantías, pues ampliar su observancia fortalece a las instituciones públicas, dijo.
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, presidente de la comisión del ramo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), destacó las acciones instrumentadas a nivel federal para enfrentar el problema de los desaparecidos.
‘‘Para estados como el nuestro, contar con el respaldo y la comprensión del gobierno nacional es vital. Es claro que los números generan controversias duras, difíciles, tristes (…) pero reconocer el problema de las desapariciones es el camino para lograr lo que mucha gente quiere: que todos vuelvan a casa. Una sociedad no puede descansar si desconocemos el paradero de uno de sus miembros’’.
Osorio Chong dijo que el gobierno federal está consciente de los retos ‘‘para hacer que su vigencia se vuelva una realidad y de las dificultades que se han acentuado en los años recientes. No puede apelarse a hacer valer un derecho contra el derecho. Una sociedad de derechos es la más efectiva salvaguarda para conseguir un México en paz y libre de violencia’’.
Reconoció la importancia del trabajo conjunto con los organismos públicos de derechos humanos, pues ‘‘es un compromiso ético de colaboración institucional y una decisión estratégica’’.
También aludió a la necesidad de adecuar la ley de la CNDH a la reforma constitucional; considerar los derechos humanos de tercera generación en una agenda amplia y que, en materia de educación, ‘‘se debe fomentar una mayor cultura de la legalidad sustentada en los derechos y los deberes que tenemos, con respeto a nosotros mismos, la sociedad y las instituciones’’.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, Juan José Ríos, destacó que en la construcción de la agenda nacional ‘‘no pueden quedar ajenos a la conformación de una agenda temas como el arraigo y los cateos ilegales, la desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y retenciones en instalaciones militares, así como la tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes’’.
Plascencia insistió en cuestionar la vigencia de los grupos de autodefensa: ‘‘Hemos sido testigos del surgimiento de esos grupos, que en algunos casos son resultado no sólo de las precarias condiciones de seguridad en ciertas regiones, sino expresión de la impunidad, abandono y marginación de algunas comunidades. No existe justificación para que autoridades de cualquier ámbito incumplan o deleguen la responsabilidad en materia de seguridad.
‘‘Tampoco hay justificación para que la sociedad decida hacerse justicia por propia mano. Buscar soluciones fuera del marco legal y del estado de derecho sólo agrava las cosas.’’

Alonso Urrutia, La Jornada, 9 de abril.