Evaluación obligatoria, pero sin sanciones, en la ley secundaria

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados tiene en su poder un documento de trabajo que contiene las características esenciales de la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que establece los resultados de la evaluación interna (a los maestros) “no deberá dar lugar a procedimientos de sanción ni tener consecuencias administrativas o laborales”.

De igual forma, señala que las evaluaciones serán obligatorias, pero precisa que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación “determinará la periodicidad de las evaluaciones, considerando por lo menos una cada cuatro años y vigilará su cumplimiento”.

En este marco, el PRD anunció que mañana miércoles presentará ante la Comisión Permanente un planteamiento para que en la legislación secundaria de la reforma educativa quede absolutamente claro el respeto a los derechos humanos laborales de los maestros; la gratuidad de la educación, y el establecimiento de un sistema de evaluación integral, incluyente, participativo y sin fines punitivos.

El coordinador de esa bancada, Silvano Aureoles, su vicecoordinador Miguel Alonso Raya, la vicepresidenta de la Cámara, Aleida Alavez, y el vocero Carlos Reyes Gámiz, dijeron lo anterior y sostuvieron que “la permanencia de los maestros en su puesto de trabajo ya está normada en diferentes disposiciones; el problema es que existen prácticas de corrupción, simulación y encubrimiento que privan en el sector magisterial”.

Como se sabe, la ley secundaria de la reforma educativa deberá estar aprobada a más tardar el 26 de agosto próximo, es decir, ésta sola legislación obligará a la Comisión Permanente del Congreso a convocar a un periodo extraordinario de sesiones, una vez que hayan sido presentadas las iniciativas y se generen los dictámenes correspondientes.

Y para dar inicio formal a la construcción de dichas iniciativas, el Consejo Rector del Pacto por México anunció que esta tarde se reunirá con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), disidencia magisterial que se ha opuesto de manera violenta a la reforma educativa en estados como Guerrero y Michoacán.

El documento de trabajo radicado en la Comisión de Educación en San Lázaro propone que “quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

De igual forma, para la educación básica y media superior “el ingreso a una plaza docente dará lugar al Nombramiento con carácter inicial. El docente seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción al servicio con duración de tres años ininterrumpidos, dentro de los cuales tendrá el acompañamiento de un tutor designado por la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda”.

Luciano Franco, La Crónica, 14 de mayo.