Exigen sanciones por red de Veracruz

XALAPA.- Legisladores del PAN y el PRD advirtieron ayer que el caso de la presunta red electoral para favorecer al PRI no se puede considerar cerrado sólo con la separación de funcionarios.

Exigieron que, además, se concrete la investigación y en su caso se apliquen las sanciones penales que correspondan.

Rogelio Franco Castán, diputado local del PRD, propuso que el Congreso del estado revise el caso, al margen de la investigación que realiza la PGR, como seguimiento a la denuncia interpuesta por el PAN.

"Se tiene que formar una Comisión Especial en el Congreso local para darle seguimiento al uso de los recursos públicos en el proceso electoral", demandó.

Franco Castán lamentó la falta de acuerdos para que se llamara a comparecer a Salvador Manzur, quien fue cesado como secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte por su implicación en la red electoral.

Consideró que los legisladores deben revisar a fondo y determinar si se utilizaron recursos de la Secretaría de Desarrollo Social con fines electorales.

Por su parte, el diputado federal Humberto Alonso Morelli, del PAN, urgió a aplicar la ley y sancionar no sólo con separación del cargo a uno o dos funcionarios, sino a todos los involucrados.

"Lo importante es que se respete la ley y obviamente que no sólo suspendan del cargo a los implicados en esta red.

"Que se haga justicia, y hay que señalar que (Manzur) no es el único implicado en el tráfico de influencias y de recursos públicos para beneficiar a un partido, hay más funcionarios y a todos se les debe aplicar la justicia", indicó.

Recordó que ya se presentó en San Lázaro la solicitud de juicio político contra el Gobernador Javier Duarte y la titular de Desarrollo Social, Rosario Robles.

"Son solicitudes lentas, procesos complejos, pero se tienen que desahogar, probablemente se lleve seis meses o un poco más, pero deberá tener fecha de desahogo, y si las cosas no se componen en transparencia, en sacar las manos de los procesos electorales, seguramente (procederá el juicio), pero si hay cambios se hará una valoración", refirió Alonso Morelli.

Lamentó que mientras a nivel federal hay exigencias de justicia y transparencia, en el Congreso local no se pida cuentas al Gobierno.

"En el Congreso de la Unión se metió una solicitud de juicio político contra el Gobernador y contra la Secretaria de Desarrollo Social, y se creó una Comisión Especial para vigilar los comicios de este año y que no se utilicen recursos públicos. Pero en el caso del Congreso local hemos visto que no se pide rendición de cuentas contundente al Gobernador, no sólo en esta administración, sino también en la anterior, hace falta más oposición en el Congreso local, hace falta un equilibrio", apuntó.

Lev García corresponsal, Reforma, 6 de mayo.