La evaluación de docentes “no será punitiva”; busca avance educativo

En su respuesta al magisterio disidente sobre los principales objetivos de la reforma educativa, el consejo rector del Pacto por México señala que la evaluación de los docentes “no será punitiva”, pues debe considerarse como instrumento para mejorar su desempeño y “no como mecanismo para dirimir asuntos de carácter laboral o administrativo”.
Advierte que deberá ser un proceso “integral, transparente y objetivo” para maestros, directivos y supervisores, en el que se incluya una visión integral de la realidad socieconómica que enfrentan, pues tendrá que considerar las condiciones materiales y culturales de las escuelas, e incluso de nutrición con que los niños acceden al servicio educativo en cada centro escolar.
El documento denominado “Implicaciones de la reforma a los artículos tercero y 73 constitucionales” fue entregado a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) minutos antes de la medianoche del pasado jueves en las oficinas de la Secretaría de Gobernación por Jesús Izquierdo, secretario particular del subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Nava Miranda.
El texto señala que la evaluación será práctica permanente y obligatoria, por lo que la ley determinará su periodicidad, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) los lineamientos para aplicarla.
La reglamentación de la reforma, agrega, deberá asegurar la “institucionalización” del Servicio Profesional Docente (SPD), así como “establecer un orden jurídico” que asegure el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio magisterial, pero también establecer “condiciones y apoyos” que favorezcan el desarrollo profesional.
El servicio profesional también deberá favorecer una “cultura” que permita apreciar el valor que la evaluación aporta para que estos cuatro factores tengan como base los “principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, eliminando los acuerdos circunstanciales, las reglas cambiantes y, en general, la incertidumbre”.
El consejo rector, en el que participan las dirigencias nacionales de PRI, PAN y PRD, así como integrantes del gobierno, entre los que destaca el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, subraya que la evaluación educativa es un “medio y no un fin en sí misma, ya que por sí sola no mejora la calidad de la educación”.
Con la creación del SPD, señala el documento, se deberán impulsar acciones que hagan de la docencia una “profesión más atractiva y estimulante”, pero que la “evaluación interna” –la que se realice de forma cotidiana– de los maestros sea permanente, de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica profesional.
Por ello señala que para garantizar su eficacia implicará ofrecer un esquema institucional de “apoyos, asesorías y acompañamiento especializado” para mejorar la práctica profesional docente y el mejor funcionamiento de las escuelas, por lo que en las leyes reglamentarias se tendría que prever su creación.
Aclara que la permanencia en el servicio docente deberá corresponder a “evaluaciones objetivas y bajo ninguna circunstancia deberá dar lugar a medidas sin fundamento de las que pueda desprenderse la pérdida de la plaza en el sector educativo”.
Subraya que en las leyes secundarias se deberán hacer explícitas las reglas “aplicables al personal actualmente en servicio, en el sentido de que tendrán garantizada su permanencia, siempre y cuando el proceso evaluatorio se sujete al desempeño y se incorpore a los programas de regularización cuando se identifiquen insuficiencias”.
Por ello apunta que los procedimientos para la “reasignación de un maestro” se basarán en criterios académicos, “sin motivaciones de otra índole, bajo los términos estrictos de la legislación y respetando los derechos laborales de los trabajadores de la educación”.

Laura Poy, Fabiola Martínez y Alma Muñoz, La Jornada, 25 de mayo.