Aseguran ONG: no se aprendió de la masacre

La masacre de San Fernando, Tamaulipas, que conmocionó a México y al mundo, es sólo un ejemplo del abandono y la violencia que enfrentan los migrantes que atraviesan el país, del cual nada se aprendió, sostuvieron representantes de organismos defensores de derechos.

Las autoridades, destacaron por separado, no han castigado a los implicados en el asesinato de 72 personas originarias de Guatemala, Honduras, Ecuador, Brasil, El Salvador y México, ni han resarcido el daño a las víctimas.

"Muchos (de los migrantes) no han sido todavía identificados", lamentó el Ombudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva.

"Se logró avanzar en materia de procuración de justicia, que fue la detención de varios involucrados, que son redes de traficantes de personas que siguen todavía operando. Lamentablemente, aún con todo ese fenómeno, se han seguido presentando situaciones en donde los migrantes son secuestrados y han perdido la vida", indicó en entrevista.

Pese a que la PGR ha detenido y consignado a más de 80 probables responsables de la matanza, entre ellos cuatro líderes de la organización delictiva "Los Zetas", ninguno ha sido sentenciado, ni se sabe cuáles fueron las motivaciones.

Las capturas de Omar Martín Estrada, "El Kilo", presunto autor intelectual; Édgar Huerta Montiel, "El Wache", supuesto mando de los sicarios; Salvador Alfonso Martínez Escobedo, 'La Ardilla', presunto jefe regional Zeta, y Miguel Ángel Treviño, líder de la organización, no han abonado en el esclarecimiento del caso.

La organización Artículo 19 denunció que la PGR se ha negado a informar los avances de la indagatoria a las propias víctimas.

"La sociedad tiene derecho a conocer la verdad sobre las investigaciones", destacó en su página web.

En el último reporte público sobre el caso, fechado en agosto del año pasado, la PGR informó que sólo 26 cuerpos habían sido identificados y trasladados a su país de origen.

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático, aseguró que varias de las entregas fueron erradas y en condiciones lastimantes para los agraviados.

"Tenemos noticia de que hubo entregas equivocadas de restos, y eso es lo que ha ocasionado incertidumbre para muchas familias", dijo.

Para Nancy Pérez, directora de la organización Sin Fronteras, la vulneración a migrantes sigue en ascenso, aún después de la masacre de San Fernando.

La promulgación de la Ley de Migración, y su respectivo reglamento, ampliaron el marco de protección a los migrantes, pero el cambio sólo ocurrió en papel, criticó.

En un comunicado difundido ayer, Sin Fronteras recriminó que, a tres años de la tragedia, "no hay sentencias, no hay culpables, no hay justicia, ni reparación del daño", además de que la violencia contra la población migrante persiste.

"Tanto miembros del crimen organizado, como autoridades gubernamentales de diversas instancias, siguen violando sistemáticamente los derechos de la población migrante en todos los ámbitos (...) a ello se suma el acoso oficial y la criminalización a las casas y refugios para migrantes y su personal", señaló.

"Las organizaciones de la sociedad civil continuamos pugnando por una investigación efectiva que consigne a los responsables, que se conozca la verdad, se respete y garantice el derecho a la vida y a la seguridad e integridad física de las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano", destacó.

Henia Prado, Reforma, 23 de agosto.