Datos sobre derechos humanos en México, incompletos: ONU

Las estadísticas referentes a derechos humanos en México están incompletas, además de que las denuncias sobre tortura de consignados o sentenciados por este delito están dispersas o no existen, es un gran problema, consideró Javier Hernández Valencia representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el marco del foro internacional El Protocolo de Estambul.
“No hay un sistema que integre las denuncias por tortura en las 32 entidades. No sabemos en cuántas de ellas hubo intervención de personal médico que pudiera haber aplicado la herramienta del Protocolo de Estambul”, admitió Hernández durante el acto organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.
Previo a su ponencia, reconoció que la tortura y los tratos inhumanos tienen que abordarse como políticas públicas en todos los países con el fin de erradicarlos. Aunque no dio un reporte “preliminar” de cómo saldrá México de la evaluación internacional en el tema de la aplicación del Protocolo de Estambul, Hernández Valencia anunció que éste será dado a conocer en dos meses.
“Prevenimos la tortura, pero una cosa dolorosa en México y en países de América Latina es que las personas que tienen pendientes, asumen que se les trate inhumanamente y que se les torture: es parte de la regla. Hay una frase en el mundo de la delincuencia: caí, perdí. Hasta la persona más cruel, más desal­mada en ese concepto, asume que sus derechos ya no existen”
En su intervención, Jorge Emilio Caldas, delegado para la política criminal penitenciaria de la defensoría del pueblo de Colombia, desconoció la situación de México en el tema de la tortura; sin embargo, resaltó que se trabaje en la promoción del respeto a los derechos humanos. Asimismo, indicó que en su país hay alrededor de 125 personas condenadas por tortura.
El caso de Colombia –dijo– es que los protocolos como el de Estambul ayudan a prevenir el delito de tortura, y las organizaciones en general están interesadas en aplicarlo. “La experiencia colombiana en la aplicación de este tipo de instrumentos es precisamente su defensoría, se mantiene una campaña permanente en cárceles y centros de reclusión en favor de los derechos humanos.”
Dijo que la aplicación de este tipo de protocolos es “de tiempo”, porque es una cultura que debe ir incrustándose tanto en funcionarios como en las personas, y “una norma no puede transformar realidades sociales, pero sí puede contribuir en gran medida al reconocimiento por un respeto a los derechos fundamentales”.

Luz María Rivera, La Jornada, 24 de agosto.