El acoso a la prensa sigue en Venezuela

CARACAS.— En Venezuela el acoso a la prensa dejó de ser sólo un asunto de ojos morados y narices sangrantes, esa imagen constante al comenzar la década del 2000 y el gobierno del presidente Chávez quien, rápidamente, dirigió su verbo explosivo contra medios y periodistas convirtiéndolos en “enemigos del pueblo”. El asunto ahora es institucional, con funcionarios y los poderes públicos orientados a limitar la información y la oferta de puntos de vista, aunque no falta algún empujón o amenaza que mantiene la tensión en la calle.

El reporte del año 2012 de la asociación civil Espacio Público contabiliza 248 denuncias de agresión contra la libertad de expresión en las que despuntan tanto la agresión directa (61 denuncias) como la intimidación (51 denuncias), la censura (53) y ataques informáticos (51).

El Instituto Prensa y Sociedad, capítulo Venezuela, reporta 193 casos en lo que va de 2013, y ambas organizaciones destacan que el acoso a la prensa es ya una política de Estado. En comparación, el mismo instituto contabiliza en Perú 43 alertas.

Pero un ejemplo claro de donde se ubica Venezuela en materia de libertad de expresión lo da el último informe de Freedom House de 2012, donde el país se encuentra junto con Cuba, Ecuador, Honduras, México y Paraguay en la categoría de “no libres”, mientras que países como Colombia, Chile, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina como “parcialmente libres” y sólo el resto de las islas del Caribe, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica exhiben una prensa “libre”.

“Después del referéndum revocatorio del año 2004 en Venezuela comienza a configurarse esa política a través de procesos normativos, la creación de la Ley de Contenidos (conocida como Ley Resorte) y la reforma del Código Penal. Comenzaron los procesos judiciales contra periodistas, el hostigamiento a medios teniendo siempre como telón de fondo el insulto y la descalificación”, explica Carlos Correa, director de Espacio Público.

La reciente multa, con 1% de sus ingresos brutos, al diario El Nacional por publicar una foto del estado de la morgue de Caracas, con cadáveres apilados y generados por la inseguridad, además de la prohibición de que publique cualquier foto que exprese agresividad o violencia es el hito de censura más sonoro este año, pero no el único.

La detención el pasado 1 de agosto del dueño-editor del grupo Sexto Poder, Leocenis García, crítico acérrimo del chavismo y acusado de legitimación de capitales se suma a la lista. García, quien ha sido detenido en otras ocasiones por sus denuncias, está encerrado actualmente en la Dirección de Inteligencia Militar y ya tiene dos semanas en huelga de hambre. Su semanario, Sexto Poder, dejó de circular.

Alicate a la provincia

Lejos de Caracas la situación sólo empeora. La prensa en las regiones es víctima de todo tipo presiones, incluso económicas, en estados (como Sucre, Monagas, Portuguesa, Falcón, Apure) que dependen de la administración regional y nacional como principal fuente de pauta publicitaria.

En ese contexto resulta especial el caso de Barinas, entidad natal del fallecido presidente Hugo Chávez y gobernado por su hermano Adán, segundo en Venezuela con mayores denuncias a la libertad de expresión. Sólo lo supera en denuncias la capital del país, Caracas.

“Mientras gobernó el padre de Chávez, el maestro Hugo de Los Reyes, no hubo ataques. La relación era normal”, cuenta el periodista Tarquino González, del diario La Prensa de Barinas, “pero Adán Chávez se convirtió en un verdugo. Califica al diario como el partido de la oposición en Barinas y a mi personalmente en sus cadenas a través de las 3 televisoras y las radios regionales con todo tipo de improperios. Junto a la Procuraduría logró una multa al diario de 1% de los ingresos brutos por publicar fotos violentas. Con su llegada desapareció la publicidad oficial y la gobernación quedó debiendo hasta 79 mil 300 dólares”.

El acoso en Barinas llega a niveles en los que no se permite la entrada de ocho periodistas deportivos plenamente identificados a los juegos del equipo local Zamora Futbol Club, cuyo presidente es Adelis Chávez, hermano del gobernador.

“Hace meses varios hicimos la denuncia de que el Club no estaba cancelando a tiempo los salarios de los jugadores y nos enviaron una carta diciendo claramente que por criticar a la junta directiva nos negaban el acceso”, explica Walman Linares, periodista deportivo barinés.

Aunque González y Linares también han sido víctimas de agresiones verbales por ahora no tendrá que ir a los tribunales como le tocará en dos semanas al periodista Leo León, corresponsal y locutor de la radio 107.7FM del estado Mérida, quien enfrentará un juicio por difamación emprendido por el gobernador de ese estado, el también oficialista, Alexis Rodríguez.

“Durante los días 15 16 y 17 de abril de este año, turbulentos por las protestas a los resultados electorales, León en su programa dio la palabra a médicos y ciudadanos de la Universidad de Los Andes que estaban siendo atacados por motorizados armados en presencia de la policía, sin que esta interviniera, permitiendo además el destrozo de un centro asistencial. Con su acusación es evidente que el gobernador pretende encubrir el incumplimiento de su función de garante del orden público. El periodista solo cumplió la función de transmitir”, explica su abogado Caracciolo León.

Lo mismo ocurre al diario El Correo del Caroní y a su director, David Natera, que enfrentan sendas demandas por haber publicado una serie de artículos sobre la corrupción en la empresa estatal Ferrominera, que estuvo liderada por el empresario Yamal Mustafá, cercano al gobernador del estado Bolívar y actualmente detenido acusado de peculado doloso. “Aún así pretende embargarnos el periódico para que cerremos”, explica Natera, sobre quien pesa una demanda de difamación agravada. Un tribunal ordenó una medida de censura con la que prohibió al diario publicar cualquier información sobre Mustafá hasta que se resuelva la querella en su contra.

El efecto autocensura

“Lo que estamos viendo ahora en Venezuela es lo que yo llamo el gol indirecto”, explica Correa.

“La legislación venezolana establece multas a medios radioeléctricos y se han utilizado estos parámetros para aplicarla ahora a los impresos, un invento jurídico pues no está en la legislación venezolana”, declara Correa, director de la asociación Espacio Público.

El cierre de la televisora RCTV en el año 2007 y, poco después, de 40 emisoras de radio bajo el argumento de retiro de la concesión representaron las armas más potentes con las que se logró el cambió de línea editorial de decenas de radios y televisoras. Sobre estas últimas, ninguna de alcance nacional queda con línea editorial crítica tras la compra del único canal de noticias, Globovisión, estación que el año pasado pagó una multa millonaria tras una demanda impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y que todavía tiene siete procesos pendientes en su contra.

Todavía está por verse el efecto de la compra de Globovisión y de la Cadena Capriles, que publica el diario de mayor circulación en Venezuela, Últimas Noticias, aunque la televisora ya decidió prescindir de sus programas de opinión más críticos y de denuncia. El mandatario Nicolás Maduro, apenas iniciado su mandato dejó claro cuál será su actitud ante los medios: “Defínanse con quien están, con la patria, con la paz, con el pueblo o van a volver a estar con el fascismo, defínanse los medios de comunicación”.

A ese panorama se añade la impunidad con la que se responde a cualquier denuncia de agresión contra periodistas. Entre las más notorias se encuentra la golpiza que recibieron nueve periodistas de la Cadena Capriles hace tres años, sobre las que hay suficientes registros fotográficos pero ningún avance en la investigación abierta por la Fiscalía General de Venezuela. Tampoco hay respuesta sobre alguna de las 36 alertas de ataques contabilizadas por Espacio Público durante las dos semanas siguientes a las elecciones presidenciales de este año.

“El problema del gobierno no es con la oposición, es con la crítica, venga de donde venga, y esa es la labor de los medios. Además hay una hipersensibilidad ahora potenciada por el resultado electoral. El presidente Maduro no obtuvo 65% ni 55% de los votos, obtuvo 50% en un resultado que está en duda, por eso se asocia la crítica con la ‘traición a la patria’ y la debilita con todo tipo de presiones. Aunque todavía existe prensa escrita fuerte, incluso regional, y algunos ensayos interesantes de portales en internet en Venezuela corremos el riesgo de quedarnos sin medios suficientemente sólidos que sigan pagando por un periodismo ético”, advierte Correa.

Valentina Lares Martíz, El Universal, 27 de agosto.