En salón de banquetes aprueban tres reformas constitucionales


Con la ausencia de los senadores del PRD y la presencia de 90 legisladores, el Senado de la República llevó a cabo ayer el segundo día de sesión extraordinaria, en la que se aprobaron las reformas constitucionales en materia de registro público inmobiliario y catastros, candidaturas independientes locales  y deuda de estados y municipios, estas dos últimas tuvieron modificaciones, por lo que fueron regresadas a la Cámara de Diputados.

En reunión celebrada en el salón número 3 del Centro Banamex, que fue acondicionado como sede alterna del Senado, los legisladores recibieron las minutas de la Cámara de Diputados que reforman la Ley General de Educación y la que crea el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Educación, que sesionó ayer mismo para dictaminarlas. Hasta el cierre de esta edición, los senadores no recibían la minuta de reforma constitucional en materia de transparencia, cuya discusión se prolongó en la Cámara de Diputados.

Luego de dos horas con 15 minutos de sesión, en la que se agilizó la aprobación de los tres dictámenes agendados, se estableció un receso para procesar las minutas enviadas por los diputados, quienes sesionaban en el salón contiguo del Centro Banamex.

Molestos por sesionar fuera del recinto senatorial (en donde tienen asientos confortables, tablero electrónico, pantallas electrónicas personales en sus curules, servicio de cafetería y sus oficinas a unos cuantos metros del salón de sesiones), durante la sesión algunos senadores para expresar su molestia repartieron culpas a los gobiernos federal y del Distrito Federal por no poder legislar en la sede de la Cámara alta y tenerlo que hacer en un recinto alterno, que carecía de buena recepción  telefónica, con sillas que después de algunas horas les resultaron incómodas y compartiendo mesas alargadas, como de salón de fiestas.

El senador perredista Alejandro Encinas lamentó que se tuviera que sesionar en un “salón de banquetes muy poco digno del Senado de la República, sesionando prácticamente a salto de mata porque no fuimos capaces de encarar un problema y generar condiciones para el diálogo y el entendimiento con quienes disienten de las decisiones que se están adoptando en el Congreso”.

Miguel Barbosa, coordinador de los senadores perredistas, expresó que la crisis político- legislativa no la generó el Gobierno del DF, sino que la generó el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación.

Y propuso establecer una mesa de diálogo “para construir en la Ley de Servicio Profesional de Docente un arreglo político, que la ley sea no solamente un instrumento jurídico sino un instrumento político que resuelva problemas”.

La senadora panista Adriana Díaz exigió al gobierno capitalino y al Ejecutivo Federal que asuman su responsabilidad y restablezcan el orden en el Senado de la República.

“Quiero hacer un llamado enérgico al Gobierno del Distrito Federal a restablecer el orden en nuestras sedes. No puede prevalecer el desorden, ni los chantajes sobre la legalidad. Como senadora de la República, como integrante del Consejo Rector del Pacto por México, pero sobre todo como ciudadana, también hago un llamado enérgico al gobierno de la República, que así como el día 1 de diciembre de 2012 se garantizó que rindiera protesta el Presidente de la República y todos hicimos de nuestra parte, que hoy también intervengan las fuerzas federales para que se nos devuelva nuestro recinto y se nos permita legislar donde debe de ser”.

En respuesta, el senador perredista, Armando Ríos Piter, aseguró que el gobierno capitalino no tiene por qué hacerse responsable de la crisis ocasionado por la incapacidad de diálogo del Gobierno federal con el magisterio.

Hasta el cierre de esta edición, continuaba la sesión extraordinaria de los senadores.

Blanca Estela Botello, La Crónica, 23 de agosto.

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