Ven en paro riesgo de polarización social


OAXACA.- Entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Instituto Estatal de Educación Pública existe una relación que “podría ser perniciosa” y demerita las capacidades institucionales para impedir no sólo la violación al derecho a la educación de los niños, sino que provoca “polarización social”, que preocupa, es una fórmula que “está generando violencia y miseria” en la entidad, dice el ombudsman local, Arturo de Jesús Peimbert Calvo.
El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca dice EL UNIVERSAL que esas valoraciones forman parte del primer informe estatal sobre las condiciones de la educación desde las garantías individuales, con lo que se podría llegar a una recomendación al gobierno de Gabino Cué.
“Esperamos no llegar a la recomendación”. Sin embargo, dimensiona que “no existe un símil en ninguna parte del mundo en donde tantas personas con las instalaciones, los maestros y presupuesto (disponible), no reciban clases”.
Al anticipar parte del informe que tiene el propósito de “demostrar la grave situación” de “visibilizar” los problemas que existen en el servicio educativo, señala que la situación que se vive se caracteriza por “una dinámica de conflictividad”. Eso ocurre entre las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la relación entre la sección 22 con las autoridades estatales e incluso en la que existe con los alumnos.
Explica que el lunes 19, día del inicio de clases en todo el país, se emitieron cautelares para que el IEEPO salvaguardara el derecho a la educación de los niños y se realizaran las acciones para iniciar el ciclo escolar con normalidad.
“Con la finalidad de evitar daños de difícil reparación”, el visitador general Juan Rodríguez Ramos emitió una medida cautelar, con el propósito de que se adoptaran “los mecanismos que resulten pertinentes para que se salvaguarde el derecho a la educación de los menores”.
Arturo de Jesús Peimbert considera que el IEEPO ha administrado de manera “ineficaz y obsolet”, al no contar con medidas de prevención de conflictos ni de respeto a los derechos humanos.
Ante la declaración del paro indefinido por parte de la CNTE, la Defensoría también inició una queja de oficio por la suspensión de clases.
Sólo que en el caso de Oaxaca una queja o recomendación puede derivar en un juicio de derechos humanos. De tal forma que el expediente, que se integra desde enero de este año, podría llevar a los maestros de la sección 22 ante un juez de protección de las garantías individuales.
“Los maestros, al ser servidores públicos, entran en el tamiz de funcionarios y se les tiene que considerar como autoridad y susceptibles de estar ante un supuesto juicio de derechos humanos”.
En el caso de los funcionarios del IEEPO —equivalente a la Secretaría de Educación de los estados— “si no se respeta el derecho humano plenamente, podemos llevar ante tribunales a las autoridades que no estén acatando las recomendaciones”.
Relata que los paros y movilizaciones de la CNTE, que se han replicado en 35 años, están generando “violencia y miseria a la entidad”.
Cuestiona que en las secretarías de Gobernación y de Educación Pública hubo “opacidad” con los 13 foros de la CNTE para evitar las movilizaciones y en los que se discutiría la reforma. “Nunca se hizo ciudadano”.
Hubo una “participación ciudadana que no conocemos cómo se participó. Me parece que el último foro lo tenía que organizar la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública en México”.
Refiere que “tal vez en un momento (la propuesta de realizar ese análisis sobre la reforma educativa) ayudó para resolver de manera subrepticia los problemas, pero que en este momento es inviable socialmente”.
Describe que la Defensoría “podría reconocer que existe injusticia en algunos de los reclamos de los sindicatos, pero de lo que no somos partidarios es que un derecho no se puede defender conculcando otro”, el de la educación de los niños.
Nurit Martínez enviada, EL Universal, 23 de agosto.

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