Aplazan la discusión del dictamen de la reforma financiera propuesta por Peña Nieto

Las comisiones unidas de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados aplazaron para mañana la discusión del dictamen con el paquete de reforma financiera propuesta por el Poder Ejecutivo, luego de que se propuso un anexo, con objeto de precisar y matizar algunos de los efectos de los cambios propuestos por el titular del Ejecutivo.
En el documento, que se entregó ayer a los diputados, se considera necesario flexibilizar al máximo los créditos que la banca de desarrollo otorgue a pequeñas y medianas empresas, así como al campo, con objeto de garantizar que el financiamiento sirva para evitar la caída del empleo.
Asimismo, propone cambiar el término de “arraigo” para deudores de la banca por el de “radicación de persona”, debido a las críticas que esta medida cautelar propuesta por el Ejecutivo ha generado.
También se busca modificar la denominación de “secuestro provisional de bienes” de los deudores por la de “retención de bienes”, y sustituir la caracterización de “deudor” por la de “persona”.
En el caso de que un juez en un juicio mercantil determine “la radicación de persona”, la redacción propuesta por ambas comisiones señala que en todos los casos esa medida precautoria “se reducirá a prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado para responder a las resultas” del proceso.
Aunque se matizan, ambas medidas propuestas por el Ejecutivo se aplicarían “en caso de que se tenga duda fundada de que la persona pueda evadirse de su domicilio o disponer de sus bienes para no enfrentar el pago” de una deuda con una institución de crédito.
Mientras, en el caso de la reforma propuesta para la banca de desarrollo –Bancomext, Banobras, Banjército, Banco del Ahorro Nacional, la Sociedad Hipotecaria Federal y la Financiera Rural, que cambia de nombre a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero–, se propone que ésta “fomentará el desarrollo de alternativas para maximizar de forma individual o con otros intermediarios”, el acceso al crédito para quienes por sus características y capacidades hoy están limitados.
Si bien la iniciativa del Ejecutivo considera que la financiera rural deberá manejar sus fondos de manera responsable y que los créditos no podrán exceder el monto de su cartera anual aprobada, esta disposición no se aplicará en “situaciones extraordinarias para preservar el empleo”.
En este caso, la nueva redacción propuesta por las comisiones considera que podrá otorgar créditos adicionales “a fin de mantener la operación de la planta productiva”, y sólo en solicitudes viables y “para aquellos casos que requieran atención inmediata”.
José Isabel Trejo (PAN), presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que existen posturas encontradas con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) respecto del alcance de la banca de desarrollo, porque el tricolor insiste en que ésta “compita y apriete a la banca comercial” con objeto de incrementar el monto y número de créditos.
Refirió que también hay diferencia de opiniones sobre las medidas prudenciales que los bancos deben adoptar en el otorgamiento de empréstitos. “Hay dos corrientes: una opina que los bancos grandes deben tener reglas más duras y los chicos reglas más blandas; pero todas las instituciones que presten deben tener garantías de lo que se preste se cobre”, declaró.
Lo importante, señaló, es que se busca eliminar barreras para conceder créditos.
Por otra parte, en respuesta a la Comisión de Hacienda, el jurídico de la Cámara de Diputados respondió que es viable presentar a votación del pleno un dictamen a las 13 iniciativas de reforma a 34 leyes propuestas por el Ejecutivo, siempre y cuando las comisiones presenten “una exposición suficiente” del contenido de las modificaciones.

Enrique Méndez, La Jornada, 5 de septiembre.