Ejidatarios piden que reforma les posibilite acceder a créditos

Sólo una tercera parte de los dos mil 570 municipios del país tiene acceso a servicios financieros, y 4 por ciento de los 5.5 millones de unidades de produ- cción accede al crédito, lo cual refleja que la mayoría de los ejidatarios y comuneros –poseedores de 85 por ciento del territorio nacional– están en desigualdad ante el 10 por ciento de los productores comerciales, quienes concentran 60 por ciento de los subsidios y créditos, destacaron el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc) y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros.
Esta desigualdad refleja que el financiamiento por conducto de diversas bancas de desarrollo creadas en los últimos 60 años ha excluido a los pequeños y medianos productores, mujeres e indígenas, ha provocado la pérdida de 2.5 millones de empleos en los 15 años anteriores, así como el abandono y deterioro en la producción de alimentos –la dependencia de las importaciones de granos y oleaginosas es de 46 por ciento– y que 70 por ciento de la población rural viva en condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, asentaron los organismos campesinos en el documento Reforma financiera rural, que entregaron a la Secretaría de Gobernación.
Si el gobierno realmente tiene un compromiso con el sector agrario, la reforma hacendaria debe terminar con “acciones cosméticas. Se trata de la reforma del sexenio y si en ella no se considera al campesinado, éste nuevamente quedará fuera” de los créditos, expuso Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social e integrante del Conoc. Impulsora de los microbancos en las regiones rurales de alta marginación, Cruz Hernández aseguró que en las pasadas dos décadas se ha comprobado que los pobres pueden ahorrar y pagar los créditos que se les otorguen. El tema de las garantías rurales es estratégico, por lo que entre las modificaciones a considerar están: baja en la tasa de interés para este sector de la población, con el fin de impulsar la producción de alimentos y aceptar como garantía las tierras.
También se trata de empujar una reforma financiera rural y una ley que regule a dicho sistema, así como terminar con la concentración de los recursos. Por ello, la propuesta es que se fusionen Fira (Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura, el cual atiende sólo a los grandes agricultores) y Finrural (Financiera Rural), cuyo programa ha sido regresivo, ya que demanda garantías de 10 a 20 por ciento sobre el monto solicitado y tiene muchos recursos bloqueados; “es como una cebolla, con capas de protección de altos costos”.

Matilde Pérez, La Jornada, 9 de septiembre.