Fondos para indígenas, a quienes más protestaban: Mayorga

El gobierno federal replanteará los programas de apoyo a los pueblos indígenas y cancelará las actuales políticas que considera asistencialistas. “Se les debe enseñar a trabajar”, dice Nuvia Mayorga, directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI).

Además, revela que se hará una revisión de los 363 millones de pesos que se entregaban cada año —por medio de los Fondos Regionales— a organizaciones campesinas, ya que se daban por presiones a grupos radicales “o por manifestarse afuera de la Cámara de Diputados, la Secretaría de Gobernación o por pedir la destitución del director de la CDI; nosotros no vamos a ceder”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mayorga explica que las reglas de operación para acceder a los programas de la CDI eran “demasiado estrictas” para no tener que ejercer los recursos y que permanecieran en oficinas centrales, aunque rechaza hablar sobre el uso que las administraciones panistas le daban a los más de 10 mil millones de pesos con los que cuenta cada año el organismo.

Adelanta que para inicios de 2014 los programas —con reglas simplificadas— se reducirán de 22 a 10 y se reforzará el de excarcelamiento, que hasta el momento ha dejado en libertad a 435 indígenas que no enfrentaron un debido proceso.

Explica que en la Cruzada Nacional contra el Hambre, la CDI apoyará a 212 de los 400 municipios seleccionados, pero con proyectos productivos y no con la entrega de paquetes de alimentos. También se dará prioridad a la construcción de infraestructura y a llevar agua potable, una de las principales necesidades en los diagnósticos preliminares que ha hecho la dependencia con organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Para sacar adelante a los pueblos indígenas se tiene que trabajar primero en llevar agua y después con proyectos productivos, por eso ya estamos trabajando con la Comisión Nacional del Agua, con la Comisión Federal de Electricidad y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, apunta.

¿Cómo encontró a su llegada la CDI?

Encontré que en todas las áreas se hacía de todo, no había área de evaluación; también especifiqué que el área jurídica nada más se encargara de realizar temas jurídicos, de las consultas con pueblos indígenas, por ejemplo en el tema de los yaquis. Era una forma de trabajar muy diferente, todo era a través de correos electrónicos, no se salía mucho a campo y eso es algo que he revolucionado desde mi puesto para darle el ejemplo a todos los trabajadores.

¿Qué problema hubo con el presupuesto al principio del año?

Los recursos estaban etiquetados, así tenía que ser, desde que se presentó a la Cámara de Diputados; encontramos también que las reglas de operación estaban para que no se ejercieran los recursos y no bajarlos a localidad. Tuvimos que visitar 24 estados, reorganizando la estructura de la CDI, para meter otra cultura, una de compromiso con los pueblos indígenas.

Si los recursos no se ejercían en campo, ¿en qué los ejercía la administración pasada? ¿Tenían un uso discrecional?

Tenían otra forma de usarlos, yo lo dejaría ahí. Pero los recursos de la CDI no son discretos, queremos que todos tengan nombre y apellido, de quiénes van a ser los beneficiarios. Pero no voy a hablar de la otra administración.

¿En qué programas se tuvieron que endurecer las reglas de operación?

En Fondos Regionales, por eso ha habido descontento de organizaciones que recibían esos recursos, pero no podíamos seguir beneficiándolos año con año, como si fuera un subsidio; hay que darle la oportunidad a otras organizaciones de contar con esos recursos; y no los estamos haciendo a un lado, pero ya deben pasar a otra instancia, como Financiera Rural, para que consigan un crédito, para que se hagan más responsables.

¿Cómo funcionaba y cómo se busca que funcione ahora?

Los fondos nacieron desde hace 40 años, estos fondos se les daban a ciertas organizaciones para realizar proyectos productivos, pero se les daba por la toma de oficinas, por manifestarse afuera de la Cámara de Diputados, en el Senado, en la Secretaría de Gobernación o Hacienda, y por eso las reglas de operación no se cumplían y se le seguían dando a los mismos, como una obligación de un millón 350 mil pesos por proyecto; principalmente organizaciones de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, además de Chiapas. Ahora buscamos que quien reciba el apoyo tenga nombre, apellido, localidad y un expediente técnico perfectamente valorado.

¿Por eso existió subejercicio al principio del año?

Existía, porque no es lo mismo que llegue una organización al escritorio y traiga 20 proyectos, a que se busque en las localidades que están muy lejos, en la montaña. Ahora tenemos brigadas con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para validar acciones que cumplen con llegar a los más necesitados.

¿Cuáles serán las acciones de la CDI en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre?

Buscamos, primero, atender a los 212 municipios con población indígena, darles proyectos productivos, agua como prioridad, y no por eso desatender caminos, electrificaciones, drenajes y todos los demás programas transversales como las brigadas médicas o llevarles una mejor educación, que ya se trabaja con la Secretaría de Educación [Pública].

Mariana León, EL Universal, 6 de septiembre.