Colombia y el camino a la paz

El desfiladero de la guerra va llegando a su fin y la paz ya se deja ver en el horizonte de los colombianos. Esa es una de las imágenes que surge de las conversaciones entre el gobierno y las FARC en La Habana, que reabre viejos desafíos y nuevos interrogantes.

El acuerdo para que la guerrilla más longeva de América Latina participe activamente de la vida democrática del país, se inscribe como un hecho histórico pero, a priori, presenta obstáculos que deben salvarse en un cortísimo plazo.

La creación de circunscripciones fuera de conflicto y que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puedan obtener el estatus de partido político, significan, a los ojos de todos, un gran avance para la concreción de un acuerdo de paz, pero cómo y con qué criterios la guerrilla participará en futuras elecciones, eso aún es una incógnita.

Cuando se evalúa la posibilidad de que miembros de las FARC desmovilizados y convertidos en candidatos a cargos legislativos o ejecutivos, aflora la experiencia de la Unión Patriótica (UP), durante la presidencia de Rómulo Betancur (1982-1986), cuando muchos fueron asesinados por fuerzas paramilitares.

“Puede hacerse una referencia a la Unión Patriótica en tanto brazo político de las FARC y de otras expresiones de la guerrilla, pero también nos podemos referir a otra guerrilla que se desmovilizó y participa de la vida política sin problemas como el M-19 con dirigentes como (Gustavo) Petro (alcalde de Bogotá) o (Antonio) Navarro Wolf (senador y ex alcalde de Pasto)”, explica Sandra Borda, directora del Centro de Estudios Americanos de la Universidad de Los Andes.

Sin embargo, Borda aclara que en el comunicado que se dio a conocer en La Habana, el pasado miércoles, “no se habla de los obstáculos que pueden presentarse. La participación política de las FARC va a ser difícil, pero no imposible. Dependerá en buena medida de la tarea política que haga el gobierno para explicarle a la sociedad en qué consiste”.

Borda sabe de qué habla. En sus manos tiene la encuesta que la Universidad de Los Andes junto al Barómetro de las Américas realizaron para conocer la opinión de los colombianos ante una acuerdo de paz y la participación política de los guerrilleros. El 65% de los consultados residentes en áreas de conflicto se muestran contrarios a la posibilidad de que la guerrilla ingrese a la vida política, un porcentaje que sube 5.6 puntos cuando se trata de opiniones en regiones fuera del área de conflicto. Aun cuando el 59.1 y 53.7% de los consultados en ambas zonas apoya la idea de un país en paz.

Desde el gobierno, fueron el presidente, Juan Manuel Santos, a quien el acuerdo fortaleció en su proyecto reeleccionista, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quienes manifestaron los dos matices que sobresalen de la política de paz.

Para el mandatario, “estamos avanzando y como dicen por ahí, el pan puede quemarse en la puerta del horno. Nosotros no vamos a dejar que se queme el pan en la puertas del horno”. Pinzón, quien siempre jugó el rol de “malo” ante el proceso de paz, dice “que el que las FARC estén diciendo que creen en la política no es otra cosa que la victoria de los héroes de Colombia y la derrota militar de esas organizaciones”.

Otra de las dudas que surgen a la hora de hablar de la inserción política de las FARC, tiene que ver con los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad en la Justicia. Alfredo Rangel, del Instituto Seguridad y Democracia, alertó sobre ese vacío a la hora de anunciar el acuerdo.

“No se dijo qué va a pasar con los que hayan cometidos delitos atroces”, puntualizó. En la misma línea, el ex presidente, Álvaro Uribe, trató nuevamente de atacar las negociaciones, que convirtió en su caballito de batalla con vistas a su aspiración de ingresar en el Senado.

Pero el fiscal general de la República, Eduardo Montealegre, un férreo defensor de las conversaciones de La Habana, aclaró que “la Constitución colombiana es clara al respecto. Si una persona es condenada por delitos de lesa humanidad no puede participar en política”.

Para León Valencia, de la Fundación Arco Iris, “ese es un tema que quedó para el final, para evitar que el diálogo se entorpezca”.

Según voceros del gobierno, la idea que maneja Santos es la de someter lo que se acuerde a un referéndum vinculado a la elección presidencial y de esa manera, a pesar de la oposición que despierta la idea de que las FARC se conviertan en un partido político, “se apruebe porque estaría dentro de la pregunta ‘¿quiere usted un acuerdo de paz?’”

José Vales corresponsal, El Universal, 9 de noviembre.