Presiones de EU y Canadá, decisivas en la aprobación de la reforma, denuncia PRD

Las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que forman parte de la reforma energética aprobada ayer en el Senado, permiten que entren en vigor las disposiciones de tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el que se protege la inversión de empresas de Estados Unidos y Canadá, situación particularmente grave en el caso de la disposición, puesta a nivel de la Carta Magna, que permite a las trasnacionales registrar como suyas las reservas de crudo mexicanas, advirtieron senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).
Durante más de nueve horas, en la discusión en lo particular de esa reforma, que se dio en la madrugada de ayer, los senadores de izquierda propusieron y argumentaron la eliminación de la totalidad de la reforma, pero sus reservas fueron desechadas.
Dolores Padierna y Manuel Bartlett insistieron en que al quitar el carácter estratégico a la explotación del petróleo y a la generación de electricidad, inmediatamente operará el TLCAN para proteger a la inversión extranjera.
El senador Luis Sánchez mostró al pleno una copia de la concesión que el gobierno mexicano dio en 1933 a la compañía El Águila y un contrato de licencias con Perupetro. “Es muy similar al modelo de contratación que se propone en la reforma, también por 30 años. Cede la propiedad del petróleo”.
Preguntó si alguien podría decir, con sinceridad, “si un yacimiento de gas o petróleo que es explotado hasta por tres décadas mantiene como propietario al Estado de las reservas que contenga”.
Sánchez expuso: “la licencia –referida– dice: El contratista tendrá derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos en el área de contrato”.
Con las copias de la licencia y la concesión en mano, el perredista preguntó si alguno de los legisladores presentes en el pleno quería consultarlas.
Insistió: “el contratista tiene el derecho de llevarse el petróleo y las divisas al extranjero. ¿Qué pasará con nuestras reservas monetarias? ¿Lo han pensado, señores y señoras? La reforma que ustedes van a imponer es un asunto de poder y dinero”.
La senadora Dolores Padierna, al presentar su reserva al artículo sexto transitorio de la reforma, denunció en el pleno que “el dictamen balín que sacaron de última hora tiene un cambio fundamental al que se dio a conocer el sábado, y es que otorga la posibilidad de tener gas asociado al carbón a las mineras”.
El 25 por ciento del territorio nacional está concesionado a las mineras, señaló Padierna, lo que equivale a 50 millones de hectáreas. “Están ubicadas en 15 estados y en cuatro de ellos, Coahuila, Sonora, Durango y Zacatecas, hay gas shale y reservas de ese gas, y están dando la posibilidad a esas empresas de extraer ese gas, y en otro artículo –de los transitorios– se decreta que aplica la expropiación automática y que los mineros pueden ser dueños de la tierra”.
Con esta modificación a la Carta Magna, “ahora no sólo serán dueños del producto del subsuelo como son el oro, la plata, el carbón, etcétera, ahora también lo serán del gas, y de la tierra de comunidades y ejidos en que estén asentados. ¿Qué va a pasar con la gente que habita ahí? Estamos regresando a los tiempos del latifundio y de las tiendas de raya”.
Padierna sostuvo ante los senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI): “ustedes le quitaron el carácter de estratégico al petróleo, gas, la electricidad y los hidrocarburos; ahora aplica el TLCAN. En realidad la presión de Estados Unidos y Canadá fue determinante para que ustedes votaran esta reforma”.
El coordinador de los senadores del PT, Manuel Bartlett, expuso en tribuna que las empresas petroleras trasnacionales operan con sistemas de crédito trasnacional, “son parte de los sistemas financieros más importantes del mundo. Ponen a Pemex a competir con ellos, y le dan 90 días para que demuestre que tiene capacidad y dinero para explorar y explotar las nuevas zonas que se le asignen”.

Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 12 de diciembre.

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