Priístas “menos cargados a la derecha” retrasan la reforma energética: perredistas

¿Por qué no se aprueba, a la de ya, la reforma energética? No es, naturalmente, por los números: el PRI, el PAN y sus aliados tienen una mayoría más que cómoda. Tampoco se trata de que busquen “fatigar” a quienes se oponen, como dice el senador Manuel Bartlett.
La mayoría que quiere modificar la Constitución podría cumplir los formalismos parlamentarios. Incluso podría regalar a la oposición un debate en el cual subiesen a la tribuna los urgidos de un curso acelerado de lectura en voz alta. Aun así se impondría en la votación.
En un lapso relativamente corto –recuperar la inversión siempre es urgente– las gasolineras pintadas de verde irían cediendo paso, con todo y su aguilita, a las dos equis rojas de la Exxon o las grecas de la Chevron.
Pero no. La mayoría PRI-PAN no convoca a comisiones para iniciar la discusión del dictamen de reforma energética.
“No vamos a legislar al vapor”, expresa el jefe de los senadores priístas, Emilio Gamboa.
Claro que no. Si hay un tema sobrediagnosticado es el que tiene que ver con los veneros que nos escrituró el diablo.
El hidalguense David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, afirma que el Senado lleva un año de “debate intenso”, y más: “es un debate en el que esta nación lleva 15 años debatiendo lo mismo”.
Pues que se presente la propuesta y se vote aunque la mayoría de las encuestas digan que seis o siete de cada 10 mexicanos se oponen a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Que no. Que no hay prisa. Que probablemente se introduzca mañana a comisiones para que, luego de todos los formalismos parlamentarios, sea votada por ahí del lunes, a plena luz del día (bueno, no, porque el salón de sesiones es una caja cerrada sin ventanas) y con transmisión en vivo por la televisión.
“Ha llegado la hora de tomar decisiones”, sentencia David Penchyna, en sus nuevos cinco minutos de fama.
Pero la hora no es ahora sino después, para cuando el PRI y el PAN, tan unidos en lo esencial (la reforma constitucional), se pongan de acuerdo en el tamaño del programa privatizador.
¿Contradicciones en el seno de las derechas?
En charlas informales con los senadores Manuel Camacho y Alejandro Encinas se dibujan las razones de la demora.
El sector duro del PAN quiere una apertura mayor del sector energético, y esa idea no es compartida por todo el PRI, donde hay “resistencias” de sectores “menos cargados a la derecha”.
En esta lectura, el bloque dominante del PAN quiere que los inversionistas se hagan de licencias o concesiones, sin eufemismos como la “utilidad compartida” y con la reforma adicional del artículo 28 constitucional (para quitar el carácter “estratégico” al sector de energía).
El blanquiazul no es el único, naturalmente, que presiona al gobierno federal para una reforma que brinde mayor “certeza jurídica” a los eventuales inversionistas. Una buena parte de los panelistas invitados a los foros organizados por el tricolor en el Senado, influyentes medios extranjeros, corredurías, calificadoras y, en suma, el coro financiero del mundo, presiona por una reforma de “mayor calado”.
La oferta de Peña Nieto ha despertado los apetitos dentro y fuera del país. Una “decepción” legislativa, que se leyera como una derrota del Presidente y como el incumplimiento de su promesa de apertura de Pemex, podría precipitar fuga de capitales y una profundización de la crisis económica del país.
El cerco afuera y adentro
A falta de convocatoria para comenzar un debate que será diálogo de sordos, el PRD exige ser incluido en la discusión de los proyectos de dictamen y se concentra en el anuncio de que enviará cartas a los directores de los principales consorcios petroleros que “muy probablemente” querrán invertir en México. Las misivas, a tono con las enviadas por el convaleciente Andrés Manuel López Obrador a empresarios, advierten de los riesgos que implica invertir en el sector energético mexicano, toda vez que los cambios, de aprobarse, podrían ser revertidos en una consulta popular en 2015 (una urna más en los comicios intermedios).
Afuera, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, orador en uno de los pequeños mítines que se celebran a lo largo de la jornada, es cortés con los perredistas: “allá adentro hay compañeros legisladores que se están esforzando por evitar que se consume este atraco a la nación”.
En cuanto Bátiz termina, la ex jefa delegacional de Iztapalapa Clara Brugada pide a los manifestantes “acercarse al cerco”, a fin de que los peatones pasen sin problemas. Salvo algunos leves escarceos, y brevísimos bloqueos, el “cerco” transcurre sin choques con la policía.
Trabajadores de hoteles y restaurantes, estudiantes y oficinistas, le sufren para entrar y salir de la zona, a veces por causa de los manifestantes, y siempre por los 3 mil 400 policías federales y locales comisionados en el lugar, con todo y sus 1.2 kilómetros de vallas metálicas.
Los empleados de la Cámara están mejor preparados para la ocasión. Desde el 19 de septiembre, Federico González, jefe de resguardo parlamentario, emitió una circular con instrucciones precisas en caso de manifestación: “evite permanecer en lugares visibles como la escalinata principal de Reforma (por eso ahora la cerraron), terraza del piso 2, cristales de la fachada principal, puertas de acceso, etcétera, a fin de evitar provocaciones (...) Por lo que se les solicita resguardarse y evitar todo tipo de contacto hacia este fenómeno de tipo socio-organizativo”. Más o menos lo que están haciendo sus jefes, los senadores.

Arturo Cano, La Jornada, 5 de diciembre.

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