Abre Veracruz indagatoria sobre muerte de periodista

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz puso a disposición de organismos no gubernamentales, defensores de derechos humanos y de la libertad de expresión, la investigación ministerial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz para que, en un ejercicio de transparencia, abone no sólo a la certeza jurídica, sino a la certidumbre social de que se ha actuado con toda determinación y apego a derecho.
Este viernes, el procurador general de Justicia, Felipe Amadeo Flores Espinosa, envió una carta a organizaciones que han hecho pronunciamientos sobre los resultados de las investigaciones para esclarecer plenamente la agresión al comunicador.
Sé de la buena intención de sus expresiones en torno a este caso, razón por la que pongo a su disposición toda la información oficial recabada a lo largo de la investigación ministerial, y que, reitero, continúa abierta, a fin de que puedan revisar puntualmente el trabajo y acciones realizadas desde el primer momento que tuvimos conocimiento de la agresión perpetrada en contra del periodista Gregorio Jiménez.
Reiteró que el gobierno de Veracruz está plenamente consciente de su tarea para combatir la impunidad en todos los casos donde se cometa un delito que lastime a cualquier integrante de la sociedad, como es el caso del periodista.
Flores Espinosa explicó que la administración estatal es la más ocupada y preocupada por dar certeza al ejercicio periodístico, en lo que corresponde al ámbito de su responsabilidad, y que en lo referente a la agresión contra Gregorio Jiménez se han utilizado absolutamente todos los recursos humanos, materiales e instrumentos legales con que se cuenta para atender este lamentable y condenable hecho.
Informó que resultado deloperativo y del trabajo de inteligencia desarrollado hasta el momento, se ha detenido a seis personas implicadas en el secuestro y asesinato del periodista, que ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial, quien habrá de determinar su responsabilidad y sancionar el delito.
Eirinet Gómez corresponsal, La Jornada, 15 de febrero.

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