Acusa Dish a Televisa de entorpecer al Ifetel, y a juez de ser comparsa

Un día después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) decidió detener el análisis de los lineamientos para la retransmisión de canales de televisión abierta, con lo que se esperaba que se fincaran bases claras para que las televisoras cumplieran con la obligación constitucional del must carry y must offer, Dish responsabilizó a Televisa de entorpecer la actuación del órgano regulador, en coordinación con el titular de juzgado 32 de lo civil, al que calificó de “comparsa” de la televisora de Emilio Azcárraga.

El oficio que detuvo la actividad del Ifetel es parte de una serie de medidas y acuerdos emitidos de forma recurrente en contra de Dish por el juez 32 de lo civil, José Guadalupe Mejía Galán, a solicitud de Grupo Televisa, acusó la empresa copropiedad de Multivisión.

“La estrategia litigiosa de Grupo Televisa no puede entenderse sino a la luz de su pronta determinación como agente económico preponderante y conforme a su fobia a la competencia. Es lamentable que haya un juez del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que le sirva de comparsa”, señaló Dish.

Abogados de la empresa de telecomunicaciones indicaron que en los próximos días presentarán una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal contra el juez Mejía, por “exceder de sus facultades y por ser contrario al principio de objetividad e imparcialidad que deben guardar todos los jueces”.

La empresa de televisión satelital propiedad de Multivisión y Echostar, pero además principal competidora de Sky de Televisa, explicó que el documento que recibió el Ifetel, por el que decidió detener los trabajos relacionados must carry y must offer, “se suma a una serie de medidas y acuerdos que el juez 32 ha dictado, una y otra vez, a solicitud de Grupo Televisa en el juicio que dicha empresa promovió contra Dish desde el año 2011.

Ese oficio, dijo Dish, “constituye un agravio directo e inédito a la Constitución y al régimen de autonomía que la reforma constitucional de junio de 2013 le otorgara al Ifetel”.

La empresa explicó que las medidas cautelares dictadas por el juez 32 en dos ocasiones han sido suspendidas y anuladas por jueces y tribunales de amparo, y destacó que ante la recurrente actuación a favor de Televisa, Dish presentó recursos de queja administrativa ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del DF, magistrado Edgar Elías Azar, y el año pasado inició una querella penal contra el juez 32.

Advirtió que promoverá todos los recursos de defensa que le permita la ley y procurará que se procese al juez 32 José Guadalupe Mejía Galán por sus “actuaciones ilegales”.

Dish destacó que solicitará al Ifetel que continúe con el análisis y en su caso aprobación de los lineamientos para la retransmisión de señales porque el oficio que le envió el juzgado “no presenta la menor motivación o fundamentación. No es una orden o mandamiento de autoridad judicial, pues únicamente hace del conocimiento del Ifetel su contenido. El oficio no obliga al Ifetel a acatar medida alguna emitida por una autoridad judicial competente”.

Para Dish es importante que el Ifetel resuelva el tema de la retransmisión de canales porque así podrá continuar con la transmisión de las señales de televisión de Televisa y Televisión Azteca sin tomar la señal del aire, sino que estas empresas estarían obligadas a entregársela con la claridad y nitidez necesaria.

Los favores

El juez 32 ha favorecido en otras ocasiones a Televisa.

El 7 de diciembre de 2011, el juez dictó una medida en la que ordenó a Dish abstenerse de comercializar o arrendar los dispositivos que usan sus clientes para recibir el servicio, con el argumento de que podrían facilitar la retransmisión de canales de Televisa. Ante ello, Dish promovió un amparo.

El pasado 30 de mayo, el juez federal Salvador Calvillo declaró ilegal la medida cautelar otorgada por Mejía Galán, porque desde el momento en que recibió la demanda de Televisa, le otorgó a esta empresa todo lo que pedía, sin que se hubiera tramitado siquiera el juicio ni se hubieran analizado las pruebas.

Miriam Posada y AlfredoMéndez, La Jornada, 14 de febrero.

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